Un operativo policial desmedido interrumpió una protesta semanal de jubilados acompañados por organizaciones sociales. Denuncian violencia innecesaria, heridos por gas pimienta y detenciones sin justificación.
La movilización que cada miércoles llevan adelante jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional volvió a ser escenario de represión. A pesar de tratarse de una manifestación reducida y pacífica, la presencia policial superó ampliamente en número a los manifestantes y derivó en un accionar violento.
De acuerdo con los relatos recogidos en el lugar, la intervención de las fuerzas de seguridad se produjo sin que se hubiera cortado el tránsito. Cuando el grupo intentó avanzar unos pasos, los efectivos reaccionaron con gas pimienta aplicado directamente al rostro, golpes con bastones y arrestos indiscriminados.
Entre las personas afectadas se encuentra Cristian, quien describió que un policía le disparó gas a los ojos a muy corta distancia. “Estuve casi una hora sin poder ver, completamente desorientado. El dolor se intensificaba con cada respiración”, contó.
Nicolás Caropresi, referente de la UTEP, también resultó herido al intentar impedir que detuvieran a un jubilado rodeado por escudos. “Tomaban al primero que tenían cerca. A menos de 50 centímetros me rociaron la cara con gas”, señaló, y agregó que la violencia fue desproporcionada.
El CEPA asistió al menos a cinco personas con síntomas compatibles con la exposición al gas pimienta. Desde ese organismo remarcaron que los protocolos indican que este tipo de elementos deben utilizarse a larga distancia, algo que no se respetó. “Lo usan a centímetros del cuerpo, generando daños graves”, explicó Esteban Chalá.
Luego de los incidentes, las columnas lograron avanzar hacia Plaza de Mayo escoltadas por fuerzas de seguridad. Durante la retirada, testigos denunciaron nuevos episodios de agresión, especialmente golpes dirigidos a los tobillos de quienes marchaban.
La protesta tuvo como eje central el reclamo por un aumento de la jubilación mínima, la restitución de la moratoria previsional y la cobertura de medicamentos de alto costo. A la convocatoria se sumaron productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, quienes llevaron adelante una acción de visibilización para denunciar el aumento de costos y la falta de apoyo estatal.
“Todo aumenta menos lo que cobramos”, expresó Julia, productora rural, quien señaló que el alquiler de la tierra sigue subiendo sin ningún tipo de asistencia oficial.
Asimismo, organizaciones de personas con discapacidad participaron de la movilización para exigir el tratamiento de una ley que declare la emergencia del sector. Karina Castagnola, integrante de Hablemos de Autismo Quilmes, explicó que la iniciativa busca garantizar financiamiento sostenido para la Agencia Nacional de Discapacidad y programas esenciales. “Los recortes afectan salud, empleo y protección social. El Estado debería garantizar derechos, pero no lo está haciendo”, advirtió.
La reiteración de episodios represivos en protestas de jubilados refuerza las críticas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y el abordaje gubernamental frente a los reclamos sociales.
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