Un juez federal ordenó la ejecución inmediata de la normativa de Emergencia en Discapacidad y advirtió que, si el 4 de febrero no está plenamente vigente, habrá sanciones diarias. Organizaciones sociales piden mayor respaldo político y reclaman a la CGT que profundice el acompañamiento.
La Justicia volvió a poner contra las cuerdas al Gobierno nacional al ordenar la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La medida establece que, si la normativa no se encuentra plenamente en funcionamiento antes del 4 de febrero, se activará un régimen de multas diarias y no se descartan acciones penales por desobediencia judicial.
La resolución fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay, quien ya había declarado inválido un artículo del decreto presidencial que había dejado sin financiamiento a la ley. En su nuevo pronunciamiento, el magistrado ratificó que el Poder Ejecutivo no puede suspender una norma votada por el Congreso mediante maniobras administrativas ni presupuestarias.
El fallo exige avances concretos y verificables. Entre los puntos centrales figuran la recomposición de aranceles para centros prestadores, el pago de compensaciones adeudadas, la refinanciación de deudas, la actualización de valores de las prestaciones y la reglamentación pendiente de la ley específica, demorada desde hace más de tres meses.
Desde las organizaciones que impulsan la causa judicial señalaron que la situación del sector es crítica y que la falta de implementación afecta de manera directa a miles de personas. Denuncian que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas, que hay ausencia de cobertura médica y dificultades crecientes para acceder a tratamientos y medicamentos esenciales.
En ese contexto, las agrupaciones advirtieron que el conflicto no es solo jurídico, sino también político y social. Por ese motivo, reclamaron una participación más activa de la dirigencia opositora y de las centrales sindicales. En particular, insistieron en la necesidad de que la CGT pase de los pronunciamientos a los hechos, profundice el diálogo con el sector y acompañe con mayor presencia las demandas en defensa de derechos sociales básicos.
El recorrido judicial de la ley estuvo marcado por tensiones constantes. Aunque la Cámara Federal de San Martín aceptó la apelación del Ejecutivo, lo hizo sin suspender la ejecución del fallo, lo que obliga al Gobierno a cumplir de inmediato con lo ordenado, más allá de que el debate de fondo continúe en los tribunales.
A nivel presupuestario, también fracasaron los intentos oficiales de eliminar los fondos destinados a la Emergencia en Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2026. Informes técnicos demostraron que el costo de la ley representa una porción reducida del PBI y que su financiamiento es viable.
Las organizaciones anticiparon que continuarán en las calles y en los tribunales si el Gobierno persiste en el incumplimiento. Reiteraron que la lucha debe ser colectiva y transversal, junto a trabajadores, jubilados y otros sectores afectados, y remarcaron que el 4 de febrero no es una fecha simbólica, sino un límite concreto impuesto por la Justicia.
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