Un fallo judicial intimó al Estado a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero en la Casa Rosada sostienen que no cuentan con el financiamiento necesario y relativizan las posibles sanciones.
La implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a quedar en el centro de la escena política tras la decisión del juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con su cumplimiento. Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguran que la norma no podrá aplicarse en su totalidad debido a la falta de fondos.
La resolución judicial exige que, en un plazo de cinco días, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad presenten informes detallados que acrediten los avances para cumplir con la ley, bajo apercibimiento de sanciones. Además, fija un plazo máximo de dos semanas para que el Ejecutivo dé señales concretas de ejecución.
En ese contexto, el ministro de Salud se reunió con el jefe de Gabinete en la sede gubernamental para analizar los pasos a seguir. Aunque el encuentro se desarrolló con hermetismo, fuentes oficiales indicaron que el Gobierno solo acataría el fallo en la medida de sus posibilidades, recurriendo a las herramientas disponibles y evitando un desembolso completo de los fondos que exige la norma.
Dentro del oficialismo reconocen que una de las opciones sobre la mesa es cumplir de manera parcial o formal, sin avanzar en todos los puntos reclamados por la Justicia. Paralelamente, se estudia la posibilidad de enviar un nuevo proyecto al Congreso para modificar la ley vigente, con el objetivo de reducir el impacto presupuestario que implica su aplicación.
La ley había estado en riesgo durante el debate del Presupuesto 2026, cuando el oficialismo intentó eliminarla junto con la norma de financiamiento universitario. No obstante, la oposición logró bloquear esa iniciativa y mantener ambas leyes en pie. Desde el Gobierno admiten que aquella estrategia fracasó y consideran que ahora el camino legislativo podría ser distinto si se impulsa una nueva norma.
El fallo de González Charvay detalla una serie de medidas que el Ejecutivo debe presentar, entre ellas la actualización de aranceles a prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de deudas, la reapertura del plan ARCA para refinanciación, la fijación de nuevos valores de prestaciones y la reglamentación de la Ley 27.793, que acumula varios meses de demora.
En caso de incumplimiento, el juez advirtió que tanto el jefe de Gabinete como la ministra de Capital Humano podrían enfrentar multas y otras sanciones. Sin embargo, en el entorno presidencial restan gravedad a esa posibilidad y sostienen que el impacto sería limitado.
Desde las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad cuestionan la postura del Gobierno y alertan sobre la crítica situación que atraviesan miles de familias en todo el país, que dependen de pensiones insuficientes para cubrir tratamientos y servicios esenciales. Mientras el Ejecutivo insiste en la falta de recursos, la Justicia y los sectores afectados reclaman el cumplimiento efectivo de una ley que busca garantizar derechos básicos.
Autor
