En una sesión realizada este miércoles por la mañana, la Suprema Corte de Justicia sorteó a los integrantes del jurado encargado de evaluar si la jueza Julieta Makintach debe ser sometida a un juicio político, tras el escándalo generado por la filmación del documental “Justicia Divina” durante el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona.
La magistrada, trasladada al Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro para completar un expediente pendiente, quedó en el centro de la polémica luego de que se descubriera que un equipo de producción audiovisual registró imágenes del juicio sin el conocimiento ni autorización de las partes involucradas. Esta situación derivó en la anulación del juicio y el consecuente reinicio del proceso, previsto para fines de este año o principios de 2026.
A lo largo de los últimos meses, se presentaron seis pedidos formales para iniciar un juicio político contra Makintach, acusándola de un presunto mal desempeño por permitir la filmación que podría haber comprometido su imparcialidad. Entre quienes impulsaron estas acciones se encuentran Fernando Burlando, representante legal de las hijas de Maradona, la ex legisladora Florencia Arietto, el ex ministro de Transporte Alexis Guerrera y Julio César Coria, ex custodio del astro, quien estuvo detenido por una semana debido a un supuesto falso testimonio ordenado por la propia jueza.
El caso cobró mayor impulso cuando el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, tras analizar la evidencia reunida por la Fiscalía Nº1 de San Isidro, presentó una denuncia formal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados para que se investigue a Makintach.
El jurado sorteado para decidir sobre el futuro de la jueza está compuesto por cinco conjueces titulares: Álvaro García Orsi (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Llorences (Lomas de Zamora), Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora) y Agustín Grillo Ciocchini (La Plata). Además, se designaron tres jueces suplentes: Guillermo Andrés Marcos (Bahía Blanca), Lisandro Benito (Junín) y Alberto Biglieri (Lomas de Zamora).
Este tribunal tiene la autoridad para aplicar medidas cautelares, como la suspensión temporal o el apartamiento preventivo de la magistrada mientras dure el juicio político. Asimismo, podrá dictar la destitución en caso de que se confirme la comisión de faltas graves. La función de este cuerpo es exclusivamente disciplinaria y política, abocada a decidir si el funcionario judicial continúa en su cargo, mientras que cualquier causa penal que pudiera derivarse será tramitada por otros tribunales especializados.
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