Un episodio que genera indignación se desató en Bolívar y Olavarría luego de que decenas de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez fueran notificados por carta documento para presentarse con estudios médicos ante sedes inexistentes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las direcciones proporcionadas correspondían a una vivienda familiar y una pizzería, respectivamente.
El hecho generó una ola de desconcierto entre las personas citadas, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad. En Bolívar, quienes acudieron a la dirección indicada descubrieron que se trataba de un domicilio particular. El dueño de la casa, agobiado por la cantidad de visitas, debió colocar un cartel que aclaraba que allí no se tramitaban pensiones.
Ante la confusión generada, el municipio de Bolívar intervino para verificar la veracidad de la información. Una abogada de la Dirección de Discapacidad local confirmó que se trata de un error oficial que afecta gravemente a los beneficiarios. “No sabemos dónde deben dirigirse los vecinos. No hemos recibido ninguna comunicación oficial que aclare el procedimiento”, señalaron desde la comuna, que pidió a las personas afectadas acercarse a sus oficinas para recibir orientación.
En Olavarría se repitió la escena, esta vez con la dirección de una conocida pizzería. La jefa de Gabinete municipal, Mercedes Landívar, indicó que al menos cien vecinos fueron notificados de forma similar, pero sin indicaciones claras sobre la documentación que deben presentar. Además, los teléfonos de contacto incluidos en las notificaciones no responden.
Desde el municipio aclararon que no tienen relación con la agencia nacional y que están trabajando junto a Anses para asistir a los vecinos. También intentaron comunicarse con referentes del gobierno nacional para obtener información precisa. Según explicaron, la referente local del oficialismo prometió brindar novedades una vez que cuente con datos oficiales.
La medida, que responde a una auditoría impulsada por la conducción del organismo, ha sido cuestionada por su falta de criterio y sensibilidad. La revisión de pensiones se realiza en un contexto de total incertidumbre para los beneficiarios, que no solo temen por la pérdida del único ingreso con el que cuentan, sino que además son enviados a direcciones erróneas.
Desde las autoridades locales reiteraron el pedido de respeto y contención para las personas con discapacidad, y reclamaron al gobierno nacional información clara y canales de atención reales. La situación fue calificada como “dolorosa, absurda y alarmante”, y encendió una nueva alerta sobre el manejo de las políticas sociales en el país.
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