El presidente Javier Milei firmó un decreto que redefine el alcance del derecho a huelga en Argentina, extendiendo el listado de servicios esenciales cuya paralización será limitada. La decisión impone a los gremios de estos sectores la obligación de mantener entre el 50% y el 75% de su funcionamiento durante cualquier tipo de protesta.
Entre las áreas alcanzadas por esta medida se encuentran la educación inicial, primaria y secundaria; el cuidado de niñas y niños; la educación especial; el transporte aéreo; el control de tráfico portuario y marítimo; los servicios aduaneros y migratorios; y toda la cadena logística vinculada al comercio exterior. También incluye el transporte fluvial de personas y cargas, y la industria del gas y combustibles.
Este cambio normativo se enmarca en una estrategia gubernamental que busca limitar la capacidad de presión de los gremios. Sectores opositores y referentes sindicales denunciaron que se trata de una medida que restringe derechos laborales esenciales y debilita la posibilidad de acción colectiva de los trabajadores.
En simultáneo, el Ejecutivo nacional anunció una reestructuración de la hasta ahora Secretaría de Derechos Humanos, que fue rebajada al rango de subsecretaría. Además, se implementarán recortes presupuestarios que impactarán en el funcionamiento de estas áreas. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, explicó que el ajuste implicará una reducción del 40% de su estructura organizativa y del 30% de su personal.
Adorni justificó la decisión afirmando que el nuevo enfoque busca “garantizar todos los derechos humanos, no solo los de un sector político en particular”. Sin embargo, especialistas en políticas públicas y derechos humanos advierten que la degradación institucional de este organismo representa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia impulsadas en las últimas décadas.
Las medidas adoptadas profundizan la tensión entre el gobierno y distintos actores sociales, y delinean un modelo de gestión con fuerte impronta centralista, en el que el Ejecutivo asume decisiones unilaterales sobre derechos fundamentales.
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