La relación entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa un nuevo momento de tensión, tras la implementación de una serie de cambios tributarios por parte de ARCA que impactan directamente sobre los fondos coparticipables. El tema fue eje central de un encuentro realizado en Entre Ríos, donde varios gobernadores expresaron su rechazo y encendieron las alarmas por lo que consideran un intento de disciplinamiento político y financiero.
La cumbre, que se desarrolló en el marco de una jornada del Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió a líderes provinciales de distintos espacios políticos: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). La consigna del evento fue debatir sobre el desarrollo productivo desde una mirada federal, aunque el foco rápidamente se centró en la reciente política fiscal de la administración nacional.
Los gobernadores coincidieron en que las medidas anunciadas —principalmente los cambios en el pago anticipado del Impuesto a las Ganancias por parte de las grandes empresas y la eliminación de retenciones del IVA sobre importaciones— implican un ajuste severo en los recursos que reciben las provincias. Según cálculos del gobierno pampeano, la pérdida para los estados subnacionales podría alcanzar el billón de pesos.
Sergio Ziliotto fue uno de los más críticos y afirmó que estas decisiones buscan condicionar la autonomía fiscal de los gobernadores. “Se trata de herramientas que se aplican sin debate parlamentario y que afectan la planificación presupuestaria de todos los distritos”, sostuvo. Por su parte, el subsecretario de Ingresos Públicos de La Pampa, Alejandro Vicente, agregó que se están utilizando mecanismos similares a los aplicados en 2017, cuando las provincias fueron sorprendidas con recortes que limitaron su capacidad de gasto.
Vicente advirtió que esta estrategia responde a una lógica política: mientras Nación mejora su caja gracias al aumento de ingresos por retenciones agrícolas, las provincias ven reducirse sus recursos sin posibilidad de compensación. Además, señaló que el Gobierno central había anticipado que estas modificaciones se aplicarían recién en junio, pero las implementó con cuatro meses de antelación.
El funcionario remarcó que si bien algunas provincias, como La Pampa, aún no enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones, la situación podría agravarse si continúan estas decisiones unilaterales. “Esta es la tercera medida que afecta directamente la recaudación provincial y tememos que vengan más. Por eso, creemos que todos los gobernadores, sin distinción partidaria, deben expresar su rechazo”, subrayó.
El malestar crece entre los mandatarios provinciales, que consideran que las medidas no solo afectan sus finanzas, sino que atentan contra el federalismo. En este contexto, se espera que los reclamos se intensifiquen en las próximas semanas, en busca de revertir decisiones que, según denuncian, comprometen el desarrollo y funcionamiento de las provincias.
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