El proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil obtuvo dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados y se encamina a ser debatido en el recinto. La propuesta busca reducir la edad de imputabilidad de los adolescentes a 14 años y fue respaldada por los bloques que integran el oficialismo y sectores de la oposición considerados dialoguistas, en una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de Unión por la Patria.
La propuesta establece penas de prisión efectiva únicamente para delitos gravísimos, como el homicidio, el abuso sexual o el secuestro, y determina que no podrá aplicarse privación de libertad si la condena no supera los 10 años. Además, contempla la creación de centros de detención específicos para menores y prohíbe que estos sean alojados junto a adultos.
El proyecto recibió apoyo de diputados del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Con 77 firmas sobre las 73 requeridas, logró imponerse al dictamen en minoría de Unión por la Patria, que sostiene la edad de 16 años como límite de punibilidad y expresó su rechazo al enfoque represivo del nuevo régimen.
El texto fue trabajado en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, presididas por legisladores de espacios afines al oficialismo. Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), José Luis Espert (La Libertad Avanza) y Manuel Quintar (también libertario) encabezaron los respectivos debates.
Uno de los elementos que sorprendió durante la jornada fue el anuncio de Patricia Bullrich sobre su decisión de dejar el PRO para sumarse a La Libertad Avanza. La ministra de Seguridad fue una de las redactoras del proyecto junto con el ministro de Defensa, Luis Petri. A pesar del movimiento político, desde el PRO aseguraron que la salida de Bullrich no alteró los consensos alcanzados para este dictamen en particular.
La discusión parlamentaria fue precedida por ocho reuniones informativas con especialistas en infancia, justicia penal y derechos humanos. La mayoría de los expertos invitados se pronunciaron en contra de bajar la edad de imputabilidad, advirtiendo sobre los riesgos de criminalizar a los adolescentes en vez de ofrecer alternativas de inclusión social.
Aún sin fecha definida, se espera un debate álgido cuando el proyecto llegue al recinto, en una sesión donde se medirán las posturas punitivas frente a las propuestas más garantistas en torno a la justicia penal juvenil.
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