El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, emitió un polémico decreto que habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en lugares considerados «de valor estratégico» para el Estado. Esta medida permite que el propio Poder Ejecutivo defina qué situaciones representan «amenazas terroristas», lo que ha generado preocupación en diversos sectores por el alcance discrecional de la norma.
El decreto 1107/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial, establece que en casos de ataques, daños o destrucción de espacios de vital importancia para el Estado, las fuerzas policiales o de seguridad federal podrán solicitar el apoyo militar. Además, señala que será responsabilidad del Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, proporcionar dicha protección, siempre y cuando la solicitud provenga de un funcionario habilitado como Patricia Bullrich.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido que esta disposición podría estar vulnerando la Ley de Seguridad Interior, que limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La ambigüedad en la definición de «valor estratégico» y «amenazas terroristas» abre la puerta a interpretaciones amplias, lo que podría derivar en un uso excesivo o indebido de la fuerza militar en el ámbito doméstico.
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