Por Miguel Saredi (*)
El primer año de la gestión de Javier Milei ha sido, por decir lo menos, complejo. Para quienes vivimos y trabajamos en el corazón del Conurbano bonaerense, especialmente en distritos como La Matanza, el panorama es alarmante. No hay lugar para eufemismos.
La ausencia del Estado nacional en temas de seguridad y la profunda crisis alimentaria son realidades que golpean cada barrio, cada familia y cada intendente, quienes deben asumir una responsabilidad que claramente los excede.
Entre el abandono y la falsa solución de armar a la población
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno de Milei ha optado por una retirada del Estado en cuestiones clave como la seguridad, bajo el pretexto de defender la libertad individual. Sin embargo, lo que en los despachos oficiales suena a “libertad”, en las calles del Conurbano se traduce en abandono.
Las fuerzas federales, que en otros momentos fueron indispensables en territorios como el Gran Buenos Aires, prácticamente han desaparecido. Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal, que históricamente reforzaron la lucha contra el delito, han dejado un vacío que rápidamente es ocupado por el narcotráfico, las bandas delictivas y una violencia descontrolada.
En este contexto, la única propuesta que ha emergido desde sectores afines al Gobierno es el incentivo de la portación de armas. Este camino, simplista y peligroso, agrava la inseguridad en lugar de solucionarla. En el Conurbano, donde los conflictos sociales son cotidianos y el tejido comunitario está al límite, la proliferación de armas solo traerá más tragedias. La responsabilidad del Estado no es desentenderse ni convertir a cada vecino en un potencial justiciero, sino garantizar la seguridad a través de políticas serias, presenciales y profesionales.
Crisis social: cuando los intendentes son el último bastión
Si la seguridad genera preocupación, la crisis alimentaria directamente aterroriza. Los comedores comunitarios, las organizaciones sociales y los municipios están al borde del colapso. Los recortes en programas nacionales, el aumento descontrolado de precios y la falta de políticas claras para enfrentar el hambre han generado una crisis humanitaria silenciosa.
En este contexto, los gobiernos locales cumplen un rol titánico, aunque desigual. Los intendentes, lejos de la comodidad de sus oficinas, recorren los barrios, escuchan a los vecinos y trabajan sin descanso para contener una situación social insostenible.
Sin recursos nacionales y con provincias también asfixiadas, los municipios se convierten en el único escudo frente a la desesperación. Es urgente que desde el Gobierno nacional se reconozca esta realidad y se abandonen las recetas dogmáticas que ignoran el territorio y la urgencia de los problemas.
El camino a seguir: una política nacional con enfoque territorial
Es cierto que el país atraviesa una crisis económica sin precedentes, pero reducir al Estado a su mínima expresión no es la solución. La inseguridad y el hambre no se resuelven con discursos ni eslóganes; requieren presencia, inversión y planificación.
El Conurbano bonaerense necesita fuerzas federales que trabajen en coordinación con las policías locales, inversión en prevención y políticas sociales activas. Necesita, en definitiva, un Estado presente que no abandone a su gente.
El primer año de Milei deja una lección clara: el abandono no es libertad, y la ausencia del Estado no genera orden, sino caos. Las políticas de ajuste no pueden llevarse por delante la seguridad de los vecinos ni el alimento de los más vulnerables.
Como siempre digo, los intendentes son el primer mostrador del Estado y el último refugio de los argentinos más golpeados. Pero solos no podemos. La reconstrucción del país comienza desde abajo y requiere un Gobierno nacional presente, comprometido y consciente de la gravedad del momento que vivimos.
La Argentina necesita un proyecto federal, justo y con sensibilidad social. Es momento de abandonar las recetas teóricas y volver a poner los pies en el territorio. Porque, donde falta el Estado, gana el delito, avanza el hambre y pierde la gente.
(*) Abogado, especialista en seguridad
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