La Casa Rosada enfrenta un dilema respecto al veto de la nueva ley de movilidad jubilatoria, que el presidente Javier Milei ha prometido imponer. Aunque inicialmente se había anunciado un veto total, el Ejecutivo ahora considera un veto parcial o «cuasi total», que podría permitir la implementación de ciertas secciones de la ley mientras se descartan otras.
El principal punto de discordia es la parte de la ley que establece que los aumentos jubilatorios se ajusten al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una medida que el gobierno ya había adoptado por decreto. Se está evaluando si mantener solo esta disposición y rechazar el resto de la ley. La posibilidad de que el Congreso insista en la ley, si obtiene dos tercios de apoyo en ambas cámaras, sigue siendo incierta debido a las posturas dentro del PRO.
Desde la Casa Rosada, se considera que la ley es una medida populista y se están preparando para desafiarla judicialmente si el Congreso insiste en su aprobación. Además, se estudia la posibilidad de desenganchar a los jubilados que perciben la mínima del resto de los beneficiarios, con el argumento de que muchos de ellos no han realizado aportes durante su vida laboral.
En cuanto al financiamiento, el diputado Nicolás Massot ha propuesto que, en lugar de ajustar los recursos destinados a los jubilados, el gobierno podría reducir el gasto tributario, que incluye numerosas exenciones impositivas y beneficios fiscales que representan un costo significativo para el Estado. Massot sugiere que estos recortes podrían cubrir el costo de la ley sin necesidad de realizar ajustes a los jubilados.
El oficialismo, por su parte, ha señalado que el único aspecto razonable de la ley es el ajuste por IPC, ya que esta fórmula ya había sido establecida por decreto. Críticas se han dirigido a otros artículos de la ley, como el que establece un plazo para cancelar deudas previsionales con sentencia firme y las deudas con las cajas provinciales, que el gobierno considera inapropiado.
La aprobación de la ley ha intensificado las tensiones entre la Casa Rosada y el expresidente Mauricio Macri. Este ha expresado su descontento con la actual administración y ha presionado para obtener concesiones importantes, como la control de la hidrovía y de varias agencias gubernamentales. La relación entre Macri y el gobierno actual se ha tensado aún más tras la votación sobre la ley y la derrota en otros frentes legislativos.
A pesar de los recientes reveses en el Congreso y la pérdida de comisiones clave, la Casa Rosada se mantiene firme en su postura y continúa trabajando para recuperar terreno en la arena política. La estrategia del gobierno es mostrarse como resistente y preparado, esperando poder revertir la situación a su favor en futuros enfrentamientos.
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