El gobierno ha puesto en marcha una medida que podría transformar radicalmente la gestión de los bienes del Estado. A partir del 1 de noviembre, el «silencio positivo» permitirá que cualquier particular o empresa que presente un reclamo sobre propiedades públicas pueda adquirirlas si el Estado no responde en el plazo estipulado de 60 días.
La reciente reglamentación, incluida en el artículo 31 de la Ley Bases y reflejada en la Decisión Administrativa 836/2024, modifica profundamente la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549). Anteriormente, la falta de respuesta del Estado se interpretaba como una negativa tácita. Ahora, sin embargo, la ausencia de respuesta se considerará una aprobación implícita, facilitando así la transferencia de bienes estatales a intereses privados.
La nueva disposición establece que las reparticiones de la Administración Pública Central deberán aplicar este principio a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o el sistema que utilicen para la gestión de permisos y autorizaciones. La medida, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la canciller Diana Mondino, ha sido duramente criticada por la oposición y los expertos en derecho administrativo, quienes advierten que podría abrir la puerta a una ola de adquisiciones de propiedades públicas por parte de grandes empresas.
Durante el debate en el Senado, la legisladora Juliana Di Tullio, de Unión por Todos (UxP), advirtió que la modificación de la ley podría habilitar una serie de «negocios inmobiliarios» con bienes estatales. En un intercambio con Carlos Nielsen Enemark, el abogado del Gobierno, Di Tullio cuestionó si esta interpretación era correcta. Enemark confirmó que la interpretación de la senadora era exacta y reconoció que la iniciativa está diseñada para facilitar la transferencia de recursos estatales a actores privados.
Con esta medida, el riesgo de que bienes públicos sean cedidos a empresas privadas sin una adecuada supervisión se ha incrementado, generando preocupación y descontento en diversos sectores de la sociedad. La nueva normativa marca un cambio significativo en la gestión de los bienes del Estado, que podría tener amplias repercusiones en el futuro cercano.
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