Por Miguel Saredi – Ex Diputado Nacional. Secretario de Planificación Operativa de la Municipalidad de La Matanza. Presidente de la Mutual Círculo de Legisladores de la Nación
En estos primeros meses del gobierno de Javier Milei, ha quedado en evidencia la falacia de que el ajuste recaería únicamente sobre la casta política. Milei afirmó que 50.000 empleados públicos fueron despedidos, y que 10.000 contratos no fueron renovados. Sin embargo, esta afirmación es una gran mentira, ya que el ajuste y la reducción del gasto se deben principalmente a la licuación de los ingresos y la disminución de las prestaciones sociales, incluyendo jubilaciones, pensiones, programas sociales y salarios.
El impacto se ha sentido en diversos sectores de la sociedad, y el peso del ajuste no ha sido asumido únicamente por la clase política, como Milei sugirió. Jubilados, pensionados, trabajadores, enfermeros, policías, empleados; todos han contribuido al ajuste a través de la disminución de las prestaciones sociales y salarios. La realidad es que la reducción de gastos fue motivada por el colapso de estos sistemas, más que por medidas directas de despidos.
Otra de las afirmaciones cuestionables de Milei se refiere a la supuesta disolución del INADI. Entre sus discursos demagógicos, Milei anunció la disolución de este organismo, un anuncio realizado por el vocero Manuel Adorni la semana pasada. No obstante, el INADI fue creado por ley, lo que impide su disolución sin intervención legislativa.
Contrario a lo expresado por Milei, el personal del INADI no fue despedido, sino que fue transferido directamente al Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona. Actualmente, alrededor de 300 personas continúan empleadas en esta institución. La afirmación de Milei en el Congreso, dirigida a una supuesta tribuna derechosa anti-INADI, resulta ser un discurso vacío y desvinculado de la realidad legal que respalda la existencia de este organismo.
Es crucial examinar con detalle las afirmaciones de Milei y separar la retórica política de los hechos concretos. El ajuste no ha recaído exclusivamente sobre la clase política, y la disolución del INADI es una muestra de cómo las medidas anunciadas no siempre corresponden a la realidad legal y administrativa. La transparencia y el análisis objetivo son fundamentales para comprender el verdadero impacto de las decisiones gubernamentales en la sociedad.
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