El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha anunciado la fijación del salario mínimo vital y móvil (SMVM) en 202.800 pesos para el mes de marzo, marcando un aumento del 30% en el primer trimestre del año. Sin embargo, esta decisión implica una pérdida significativa del poder adquisitivo, estimada en al menos el 25%, en comparación con el salario mínimo correspondiente a diciembre pasado, que se ubicaba en 156 mil pesos para enero y 180 mil para febrero.
La medida afecta directamente a más de un millón de jubilados cuyos ingresos están vinculados al SMVM, así como a los beneficiarios de programas sociales, incluyendo el millón de personas en el programa Potenciar Trabajo, que representa el 50% del SMVM. Además, aquellos que perciben becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo debido al bajo monto del piso salarial.
Un aspecto destacado de esta decisión es su impacto en los trabajadores asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero. Estos empleados, alcanzados por el impuesto cedular, experimentarán la falta de actualización del piso, resultando en el pago de impuestos sobre montos que superen esa cifra.
Javier Milei, quien previamente expresó su desacuerdo con la fijación de precios mínimos, no logró cumplir su promesa de no fijar el salario mínimo por decreto. Sus declaraciones anteriores sobre la imposibilidad de que un político determine el salario mínimo chocan con la realidad de la medida adoptada.
El proceso de fijación del nuevo SMVM también generó controversia. En una reunión virtual del consejo del salario, la representación sindical propuso dos alternativas de actualización: ajuste mensual en función del IPC o un aumento directo del 85% con vigencia a febrero. La representación patronal rechazó ambas propuestas sin presentar una alternativa, lo que llevó a la conclusión del encuentro «sin acuerdo». La resolución del gobierno fue anunciada posteriormente, ubicándose lejos de las expectativas sindicales y generando frustración en el sector.
La falta de diálogo y la sensación de engaño por parte de la representación sindical se han traducido en un aumento de la conflictividad entre trabajadores y gobierno. Aunque el salario mínimo no influye directamente en las paritarias más importantes, su impacto se siente en las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas y, de manera indirecta, en los salarios informales.
El martes, diversos encuentros entre dirigentes sindicales abordaron la falta de negociación sobre el salario mínimo como un tema destacado. A pesar de que el salario mínimo no determina las paritarias más significativas, su influencia se extiende a las remuneraciones de trabajadores en actividades no convencionadas y afecta a beneficiarios de programas sociales, así como a una considerable cantidad de jubilados que verán reducidos sus ingresos.
La falta de actualización del salario mínimo también impacta en la jubilación mínima, dejando a más de 1,3 millones de jubilados con haberes por debajo de lo esperado. Con el SMVM fijado en 202.800 pesos para marzo, la jubilación mínima se sitúa en alrededor de 137 mil pesos, casi 100 mil pesos por debajo de la cifra propuesta por la CGT. Este escenario genera preocupación y críticas sobre la falta de consideración del gobierno hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
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