En medio de un clima tenso en el ámbito educativo, el Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, sopesa la posibilidad de declarar a la educación como «servicio esencial». Esta medida, en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, ha desatado una serie de reacciones y conflictos con los gremios docentes, quienes defienden su derecho a protestar y a la libertad sindical.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que se está evaluando la opción de considerar a la educación como un servicio esencial, a pesar de un fallo judicial que suspende esta medida debido a su presunta violación de derechos fundamentales. Los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) ya han convocado a un paro para el próximo lunes, exigiendo la convocatoria a la paritaria nacional.
La tensión entre el Gobierno y los gremios se agrava debido a la demora en la negociación del salario mínimo nacional del sector y la eliminación de fondos importantes, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensatorio para provincias que no alcanzan los niveles salariales de la paritaria nacional.
Carolina Brandariz, dirigente de la Corriente de les Trabajadores en UTE-Ctera, rememora la lucha histórica de los docentes en los años 90 y advierte que la declaración de esencialidad no aborda el problema de fondo, que es la desfinanciación del sistema educativo y la precarización laboral.
El secretario general del Suteba y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, destaca que la medida de esencialidad está suspendida por la Justicia, pero subraya que discutirán acciones a seguir en el congreso de Ctera el día 22.
Brandariz añade que la decisión de declarar la esencialidad de la educación no resuelve la desinversión educativa y profundiza la precarización del sistema, afectando los salarios de los docentes y contribuyendo a la desmotivación de la comunidad educativa.
Ante este escenario, Baradel insiste en la necesidad de convocar a paritarias y de restituir los fondos retirados a las provincias. Si el Gobierno no responde a estas demandas, advierten que será su responsabilidad el impacto en el inicio del ciclo lectivo 2024, previsto para el próximo lunes en numerosos distritos, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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