En una movida sorprendente, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, adelantó a la Unión Industrial Argentina (UIA) la decisión del Gobierno de derogar la Ley de Abastecimiento. Esta medida se enmarca en la vocación desregulatoria que el ejecutivo busca imprimir al sector, según fuentes gubernamentales.
La Ley 20.680, sancionada en 1974 y modificada en 2014, otorga a la Secretaría de Comercio la capacidad de imponer sanciones frente a situaciones de desabastecimiento. Además, permite al Estado fijar precios y márgenes de utilidad, así como intervenir en el proceso económico de fabricación, comercialización y distribución.
En paralelo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, abordó varios aspectos económicos que serán objeto de reformas. Anunció la derogación de la ley de alquileres y la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria, argumentando que estas normativas afectan el poder adquisitivo de la población.
Adorni también cuestionó la ley de Movilidad Jubilatoria, señalando que generaba una «pérdida del poder adquisitivo» para los jubilados y adelantó posibles cambios en la ley de alquileres, la cual habría causado «mucho daño al mercado inmobiliario». Criticó, además, el «esquema injusto» de los subsidios al transporte público.
En relación con la posible reversión de la eliminación de Ganancias sobre los sueldos, Adorni afirmó que cualquier ajuste impositivo será temporal y formará parte del «telón de fondo para lo que viene». Destacó que el presidente, aunque votó a favor de la eliminación en el pasado, abogó por una reducción del gasto público como contrapartida.
En el ámbito aduanero, Guillermo Michel, director general de Aduanas, presentó su renuncia tras el nombramiento de Florencia Misrahi como titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Aunque Michel seguirá al frente de la Aduana hasta la designación de su reemplazo, su renuncia marca un cambio en la dirección de este importante organismo.
Estas decisiones marcan un giro radical en la política económica del Gobierno, que busca impulsar reformas profundas en diversos aspectos para promover la desregulación y la reactivación económica.
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