La sociedad, desde diversos ámbitos, condena las medidas represivas anunciadas por la ministra de Seguridad, considerándolas una amenaza a los derechos sociales y una estrategia para silenciar la protesta legítima de la ciudadanía.
Dirigentes sociales, políticos y organizaciones de derechos humanos manifestaron un enérgico rechazo al «Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el corte de vías de circulación», anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Diversos sectores consideran que estas medidas representan una amenaza directa a los derechos sociales y constituyen un intento de acallar la protesta social.
El dirigente de la CGT, Pablo Moyano, expresó su preocupación, cuestionando la autoridad moral de Bullrich y recordando su participación en el gobierno del 2001, señalando que estas medidas podrían generar una respuesta contundente de la sociedad. «¿Piensa que la gente se va a quedar sin laburo, sin derechos y se va a quedar en la casa mirando Netflix? Va a salir a la calle», advirtió Moyano.
La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, calificó el anuncio como una «declaración de guerra a la conflictividad» y denunció la falta de contemplación en las medidas, que otorgan amplios poderes a la policía y amenazan a las organizaciones sociales.
La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, consideró las medidas inconstitucionales y un ataque directo al derecho fundamental de la protesta. «Todas las medidas que está tomando este gobierno constituyen un profundo ataque a las condiciones de vida de millones de personas», afirmó Bregman.
El diputado Nicolás del Caño, del FIT, anunció la defensa del «legítimo derecho a la protesta» frente al plan represivo que, según él, busca silenciar la oposición al brutal ajuste económico propuesto por el gobierno.
Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, equiparó las medidas con un «Estado de sitio» y advirtió sobre la movilización de diversas organizaciones en protesta. «Bullrich tendrá que dar la cara», señaló.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, destacó que los conflictos sindicales y sociales deben resolverse a través del diálogo y no mediante medidas represivas. Afirmó que el sindicato no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.
El jurista Roberto Gargarella reflexionó sobre la naturaleza antidemocrática de las medidas, destacando el derecho fundamental de la protesta como un pilar democrático irrenunciable.
La diputada Matilde Bruera cuestionó la secuencia de ajuste seguida de represión, calificándola como una «vieja receta de los autoritarismos» y recordó que el derecho a una vida digna es sagrado y debe ser respetado.
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