La orden del juez Matteucci responde a una solicitud del fiscal Carlos Colonesse y «autoriza» a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Jujuy a «asegurar la libre circulación»
Un juez federal de Jujuy, Diego Matteucci, ha dictado una orden de desalojo para poner fin a los cortes de ruta que han sido realizados por comunidades de los pueblos originarios en las zonas de la Quebrada y la Puna. Estos bloqueos viales se han llevado a cabo principalmente en la localidad de Purmamarca, ubicada en la denominada ruta del litio. La orden del juez también incluye a las localidades de Libertador (Ledesma) y San Pedro.
La protesta en Purmamarca ya había sido desalojada el pasado sábado, sin embargo, los pobladores decidieron retomar la interrupción del tránsito en el estratégico cruce de la ruta nacional 9 y la 52. Inicialmente, las comunidades se opusieron a la reforma de la Constitución provincial debido a que sus disposiciones abrían la posibilidad de desalojos rápidos para aquellos que no contaran con un título de propiedad. Armando Quispe, referente del pueblo kolla, declaró que aproximadamente el 12 por ciento de las cerca de 400 comunidades indígenas posee títulos de propiedad comunitarios y que durante los ocho años de gobierno de Gerardo Morales no se otorgó ningún título de propiedad.
A pesar de que el gobernador anunció el lunes su decisión de revocar los artículos cuestionados, esta medida no fue suficiente para convencer a las comunidades de levantar los cortes. Los referentes manifestaron que no fueron consultados sobre el contenido de la reforma constitucional y expresaron su preocupación por el enfoque general de la nueva Constitución, que enfatiza la defensa de la propiedad privada. Poco después de reafirmar su protesta, se emitió la orden judicial de desalojo.
Néstor Jérez, cacique del pueblo Ocloya, manifestó a los medios de comunicación que existe mucha desconfianza en las comunidades debido a que el gobernador Morales presentó en su mensaje del pasado lunes actas de acuerdo que consideran fueron obtenidas «con engaños». Jérez explicó que es posible que Morales cuente con el apoyo de algunas comunidades que puede controlar, pero que estas son pocas en número. Además, anunció que impugnarán las actas ante la Justicia, aunque reconocen que tienen pocas posibilidades de obtener un respaldo en este sentido. Por esta razón, las comunidades originarias están preparando una nueva movilización, conocida como Malón de la Paz, con el objetivo de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.
Al igual que en San Salvador de Jujuy, en los cortes de ruta se ha producido una confluencia de diversos sectores sociales, ya que las comunidades de los pueblos originarios están siendo acompañadas por docentes, trabajadores estatales y habitantes de las localidades afectadas.
La orden del juez Matteucci responde a una solicitud del fiscal Carlos Colonesse y «autoriza» a la Gendarmería Nacional y a la Policía de Jujuy a «asegurar la libre circulación», aunque haciendo hincapié en que esto se real
