El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que llevará a la magistrada Laura Beatriz De Marinis ante el Consejo de la Magistratura. La jueza había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y cuestionado la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. La decisión ya fue apelada y, según el Gobierno porteño, la normativa continúa vigente.
El conflicto por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó este martes un fuerte capítulo institucional en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que presentará personalmente un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la aplicación de la nueva normativa en una causa que involucraba a un adolescente de 14 años.
La resolución judicial había dispuesto el sobreseimiento del menor, acusado de una tentativa de robo ocurrida el 10 de septiembre. El adolescente era uno de cuatro imputados en el expediente y fue el único que quedó sobreseído a partir de la decisión de la magistrada.
De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, cuestionó la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801, que establece el ámbito de aplicación del nuevo régimen para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18.
La jueza sostuvo, entre otros argumentos, que frente a adolescentes atravesados por situaciones de vulnerabilidad el Estado debe contemplar respuestas vinculadas con la protección de derechos, la educación, el acompañamiento familiar y la inclusión social, antes que una respuesta estrictamente punitiva.
El Gobierno porteño respondió con un pedido de jury
La reacción del Ejecutivo porteño fue inmediata. Tapia anunció que impulsará un pedido de jury para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad evalúe el desempeño de la magistrada.
El funcionario cuestionó que una decisión judicial pueda dejar sin aplicación, para un caso concreto, una norma recientemente aprobada por el Congreso Nacional. También defendió el proceso legislativo que desembocó en el nuevo régimen y sostuvo que la Ciudad viene trabajando en los mecanismos necesarios para implementarlo.
La Fiscalía, además, apeló la resolución y solicitó el apartamiento de De Marinis y el sorteo de un nuevo magistrado para continuar con el expediente.
El Gobierno porteño remarcó, en este contexto, un dato central: el fallo es de primera instancia y no anuló la vigencia general de la legislación. La norma continúa formalmente vigente en la Ciudad mientras el planteo judicial sigue su recorrido por las instancias correspondientes.
Una discusión que excede un expediente
El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión particularmente sensible: hasta dónde puede llegar el control judicial sobre una ley aprobada por el Poder Legislativo y cuáles son los efectos concretos de una declaración de inconstitucionalidad dictada dentro de un expediente.
En el sistema argentino, los jueces pueden ejercer control de constitucionalidad en casos concretos. Al mismo tiempo, sus decisiones pueden ser revisadas por tribunales superiores. En este caso, justamente, la resolución de De Marinis fue apelada y deberá ser analizada por una instancia superior.
El conflicto, por lo tanto, no se limita a la situación particular del adolescente involucrado. También plantea un enfrentamiento entre dos miradas sobre la política penal juvenil: una que pone el acento en la aplicación efectiva del nuevo régimen y otra que cuestiona la utilización de herramientas penales frente a adolescentes de esa edad y prioriza mecanismos de protección y asistencia.
La cuestión de fondo: seguridad, responsabilidad y protección de menores
La discusión sobre la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por un régimen penal especial viene generando posiciones enfrentadas en distintos sectores políticos y jurídicos.
Desde el Gobierno porteño se sostiene que la nueva legislación debe ser aplicada y que el Estado necesita contar con herramientas para intervenir frente a delitos cometidos por adolescentes. La administración también señala que el régimen contempla distintas medidas y que el alojamiento institucional constituye la última alternativa.
La postura de la jueza, en cambio, parte de considerar que las respuestas estatales frente a adolescentes en situación de vulnerabilidad no deberían reducirse al castigo penal y que deben contemplarse políticas de acompañamiento, educación, salud y reinserción.
El desenlace dependerá ahora de las instancias judiciales que intervengan en la apelación y, paralelamente, del trámite que eventualmente tenga el pedido de jury anunciado por el ministro de Justicia porteño.
Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad busca dejar claro que el fallo cuestionado no implica que el Régimen Penal Juvenil haya dejado de existir ni que su aplicación haya quedado suspendida en todo el territorio porteño. La controversia continúa abierta y promete convertirse en uno de los principales cruces institucionales alrededor de la política de seguridad y justicia juvenil.
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