La Cámara Federal deberá revisar el cierre de la causa tras el pedido del fiscal José Agüero Iturbe, quien respaldó la apelación presentada por el fiscal Franco Picardi. La investigación analiza el endeudamiento récord asumido por Argentina con el organismo internacional en 2018 y las posibles irregularidades en su aprobación y utilización.
La causa judicial que investiga el acuerdo firmado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri podría reabrirse. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, solicitó que se revoque la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había ordenado archivar el expediente.
El planteo del fiscal respalda la apelación presentada por el fiscal de primera instancia Franco Picardi, quien cuestionó con dureza el cierre del caso. Según sostuvo, la magistrada realizó un análisis incompleto y sesgado de las pruebas y del marco legal aplicable al proceso de endeudamiento que derivó en el mayor préstamo otorgado por el organismo internacional a un país.
Un préstamo récord bajo investigación
La causa se originó tras el acuerdo alcanzado en junio de 2018 entre el gobierno argentino y el FMI, que inicialmente contempló un préstamo de 50.000 millones de dólares. Meses más tarde, el programa fue ampliado hasta los 57.100 millones de dólares, convirtiéndose en el crédito más grande otorgado por el organismo en su historia.
La investigación judicial analiza si la toma de esa deuda se realizó respetando las normas constitucionales y administrativas vigentes. Entre los principales cuestionamientos aparece la falta de aprobación del Congreso de la Nación, prevista en el artículo 75 inciso 4 de la Constitución argentina para operaciones de crédito público.
El expediente también examina si el acuerdo se concretó sin cumplir ciertos procedimientos internos obligatorios dentro del Estado, como dictámenes técnicos previos, informes de viabilidad jurídica y autorizaciones administrativas correspondientes.
Funcionarios imputados
Además del expresidente Macri, la causa incluye a varios exfuncionarios de su administración que participaron en el proceso de negociación y ejecución del acuerdo con el FMI. Entre ellos figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
También aparecen mencionados el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ex titular del Banco Central Guido Sandleris, junto a otros exintegrantes del Comité de Política Monetaria del organismo.
La decisión judicial que generó la apelación
Tras varios años de trámite, la jueza Capuchetti resolvió archivar el caso al considerar que el acuerdo con el FMI se trató de una decisión de política económica y, por lo tanto, no correspondía su análisis en el ámbito judicial. En su resolución también descartó que hubiera existido desvío o apropiación indebida de los fondos.
En paralelo con esa decisión, el Gobierno nacional resolvió retirar la querella que mantenía el Estado en la causa a través de la Procuración del Tesoro, lo que dejó la investigación impulsada únicamente por el Ministerio Público Fiscal.
Las críticas de la fiscalía
Para el fiscal Picardi, el cierre del expediente fue prematuro y omitió analizar elementos centrales del caso. En su apelación sostuvo que el endeudamiento asumido por el país fue “insostenible” y que se concretó en presunta violación de normas constitucionales y administrativas.
Según la hipótesis de la fiscalía, los responsables del acuerdo habrían presentado argumentos engañosos respecto del destino de los fondos, que originalmente estaban destinados a estabilizar la economía, reducir la inflación, generar empleo y fortalecer la confianza del mercado.
El dictamen sostiene que gran parte de las divisas obtenidas habría terminado alimentando un proceso de salida de capitales del país, beneficiando a sectores privados concentrados y provocando un fuerte impacto en las cuentas públicas.
El impacto económico del acuerdo
La investigación también menciona estimaciones de organismos de control estatal. Un informe de la Sindicatura General de la Nación calculó un perjuicio económico para el Estado cercano a los 29.618 millones de dólares como consecuencia de las decisiones adoptadas en el marco de ese programa financiero.
A su vez, documentos de la Auditoría General de la Nación y del Banco Central de la República Argentina fueron incorporados al expediente para analizar si se cumplieron los requisitos administrativos y si existieron advertencias previas sobre los riesgos del endeudamiento.
La definición queda en manos de la Cámara
Con el pedido de Agüero Iturbe, ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que deberá resolver si confirma el archivo dispuesto por la jueza o si ordena reabrir la investigación.
Ese tribunal está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes tendrán la tarea de analizar los argumentos de la fiscalía y determinar si el expediente debe continuar su curso judicial.
La decisión será clave para definir si el proceso que analiza el mayor endeudamiento asumido por Argentina con el FMI avanza hacia nuevas medidas de investigación o queda definitivamente archivado.
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