Una reciente reforma impulsada por el Gobierno nacional modificó profundamente las funciones y atribuciones de la Policía Federal Argentina. Mediante el decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, se autoriza a la fuerza a realizar tareas de vigilancia en entornos digitales y requisas sin necesidad de contar con autorización judicial. El cambio fue presentado como parte de una “modernización” del accionar policial, inspirada en los métodos del FBI estadounidense, pero generó una fuerte reacción por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad.
El decreto establece que los agentes federales podrán monitorear redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales abiertas como método preventivo de delitos, sin orden judicial. Si bien se menciona el respeto a la privacidad y a la libertad de expresión, distintos actores advierten que esta habilitación representa una amenaza concreta a las garantías constitucionales.
Durante la gestión anterior de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, ya se habían registrado casos en los que publicaciones en redes sociales derivaron en detenciones arbitrarias. Tal fue el caso de Nicolás Lucero, que en 2016 fue acusado de amenazas públicas tras escribir una frase irónica en Twitter. El joven fue demorado y luego sobreseído, pero su experiencia dejó en evidencia el uso abusivo de la vigilancia digital.
La reforma también habilita requisas personales y vehiculares sin orden judicial, bajo criterios poco definidos. Según el decreto, bastará con que existan elementos que permitan “presumir” una vinculación con un delito para proceder a la inspección. Esta disposición preocupa a exfuncionarios como Sabina Frederic, quien alertó que “habilitar requisas sin control judicial es ir más allá de los límites democráticos”.
Por su parte, la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi, advirtió que la reforma representa “una ruptura con el estado de derecho”. Según explicó, ya durante las protestas contra la reforma previsional de 2017, se accedió a celulares de manifestantes para construir causas penales por intimidación pública. “Esto ahora se oficializa”, señaló.
En el plano operativo, el decreto redefine la estructura interna de la Policía Federal, limitando el ingreso de suboficiales y promoviendo la profesionalización del personal mediante un sistema de formación universitaria. El objetivo declarado es acercarse a estándares internacionales, aunque sin discusión parlamentaria ni evaluación por parte de la sociedad civil.
Un punto especialmente controvertido es la posibilidad de que la fuerza actúe “espontáneamente” en casos de flagrancia a requerimiento del Ministerio de Seguridad, incluso en contextos de protestas o actividades políticas. Para Verdú, esto representa una habilitación encubierta a la represión de la protesta social. “Ya no será un policía que actúa al ver un delito, sino uno que recibe la orden de intervenir en una manifestación y detener personas”, denunció.
Finalmente, el decreto prevé que una persona que no pueda acreditar su identidad y sea sospechada de haber cometido o estar por cometer un delito podrá ser trasladada y demorada hasta diez horas, incluso sin orden judicial. Frederic cuestionó duramente esta disposición por su vaguedad y por dejar amplio margen a la interpretación discrecional de las fuerzas de seguridad.
La medida se suma a una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional sin intervención del Congreso, consolidando un modelo de seguridad con creciente poder concentrado en el Ministerio que conduce Bullrich. Mientras tanto, crece la preocupación por el debilitamiento de los controles institucionales y el avance sobre derechos fundamentales en nombre del orden y la prevención del delito.
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