En una jugada que generó conmoción y repudio en el ámbito judicial y político, un grupo de abogados conocidos por representar a represores de la última dictadura militar solicitó que se niegue el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ofensiva judicial fue impulsada por Guillermo Jesús Fanego, José María Soaje Pinto, Pedro Pablo Pusineri y Elena Rita Genise, quienes se presentaron ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 como «amicus curiae», alineándose con el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Lo más llamativo es que los mismos abogados que pelean sistemáticamente por beneficios carcelarios para genocidas ahora exigen mano dura contra una exmandataria. Argumentaron que, así como a sus defendidos se les niega la prisión domiciliaria, tampoco debería concedérsela a Fernández de Kirchner, a pesar de sus 71 años y su estado de salud.
En una presentación teñida de tintes ideológicos, los letrados afirmaron que el beneficio no debe otorgarse automáticamente por razones de edad. Incluso apelaron al “profesionalismo” del Servicio Penitenciario Federal para justificar que la dirigente política sea alojada en una cárcel común. Sin embargo, la realidad contradice sus dichos: actualmente, el 81% de los represores condenados gozan del arresto domiciliario.
Fanego y compañía forman parte de la ONG “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, una organización que surgió en 2017 luego del revés sufrido con el fallido intento de aplicar el beneficio del 2×1 a represores. Desde entonces, han impulsado hábeas corpus, denunciado organismos de derechos humanos y cuestionado fallos que profundizaron la memoria, verdad y justicia en Argentina.
Esta ofensiva contra CFK se suma a la escalada de violencia simbólica por parte de sectores que históricamente buscaron impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado. Días atrás, la activista prorepresores Cecilia Pando celebró públicamente la sentencia contra la expresidenta. Ahora, sus aliados jurídicos se suman a la presión para verla tras las rejas, mientras siguen defendiendo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
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