Luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada a cumplir su pena en su domicilio bajo estrictas condiciones judiciales. La medida fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N°2 y comunicada directamente por el juez Jorge Gorini, a cargo del tribunal.
La exjefa de Estado permanecerá en su departamento del barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, y deberá portar una tobillera electrónica para permitir el control constante de su ubicación. De esta manera, se evita su traslado a Comodoro Py, algo que inicialmente estaba previsto para este miércoles.
La resolución judicial respondió a un pedido del defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, quien señaló la edad de su defendida —72 años— y su rol como expresidenta para justificar la solicitud de arresto domiciliario. El tribunal coincidió en que se trata de un caso en el que corresponde aplicar el beneficio previsto en la legislación vigente.
Además del uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, la exmandataria tendrá que cumplir con una serie de condiciones. No podrá abandonar su residencia sin autorización previa, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. También deberá evitar cualquier tipo de acción que perturbe la paz del vecindario.
Otra de las disposiciones establecidas por el tribunal fue la presentación, en un plazo de 48 horas, de un listado con los nombres de quienes podrán ingresar al domicilio sin necesidad de solicitar autorización judicial. La nómina incluirá familiares, custodios policiales, médicos y abogados. Cualquier otra persona deberá pedir permiso especial al tribunal.
La decisión judicial se da en un contexto de movilización política. Agrupaciones afines habían convocado para este miércoles a una marcha bajo el lema “Argentina con Cristina”, con el objetivo de acompañarla hasta los tribunales federales. Al quedar eximida de asistir en persona, se busca desactivar esa manifestación masiva.
Por su parte, tanto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como la Procuración General porteña expresaron su desacuerdo con el arresto domiciliario. Esta última entidad alertó sobre el impacto negativo que podría tener la permanencia de la expresidenta en una zona de alta circulación y actividad urbana.
Finalmente, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento del arresto domiciliario y deberá remitir informes trimestrales al juez Gorini sobre el comportamiento de Fernández de Kirchner y el respeto a las condiciones impuestas por el tribunal.
Mientras tanto, simpatizantes continúan reunidos frente al domicilio de la exmandataria, y las muestras de respaldo se multiplican en distintos puntos del país.
Autor
