El Comité de Derechos Humanos inauguró este lunes su 146° período de sesiones en Ginebra y tiene hasta el 6 de noviembre para analizar la comunicación individual presentada por la defensa de la ex presidenta
La disputa judicial en torno a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sumó este lunes un capítulo de impacto internacional. En la sede del Palacio de las Naciones, en Ginebra, comenzó formalmente el 146° período de sesiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, un encuentro que se extenderá del 19 de octubre al 6 de noviembre de 2026.
Ese órgano, integrado por 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes, tiene en agenda el tratamiento de comunicaciones individuales por presuntas violaciones a garantías procesales y derechos políticos. En ese marco ingresó la presentación del equipo jurídico de Fernández de Kirchner.
La estrategia internacional de la defensa se activó luego de que se agotaran las instancias internas en la Argentina, tras la decisión de la Corte Suprema del 10 de junio de 2025 que dejó firme la condena en la causa Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Según el programa oficial del Comité, este ciclo de deliberaciones abre una ventana concreta para que el organismo emita una opinión sobre el planteo. Fuentes vinculadas a la defensa habían anticipado que el objetivo era lograr que el caso fuera examinado justamente en la sesión de octubre.
El reclamo original fue formalizado el 29 de julio último bajo el amparo del Protocolo Facultativo del Pacto. Allí se denuncian ocho violaciones a derechos fundamentales durante el trámite judicial, con foco en el debido proceso, la imparcialidad del tribunal y la afectación de los derechos políticos.
El último movimiento se produjo el 29 de septiembre, cuando los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron una adenda ante el Comité. En ese escrito solicitaron la suspensión de la inhabilitación y cuestionaron hechos posteriores a la comunicación inicial.
Entre los puntos incluidos, la defensa alegó actos de intimidación contra la ex mandataria tras hacer pública su presentación ante la ONU, entre ellos declaraciones de magistrados que intervinieron en Vialidad, medidas sobre sus bienes y publicaciones del presidente Javier Milei. También incorporó como agravante la difusión de imágenes del allanamiento a su domicilio particular, hecho que consideran contrario al artículo 17 del Pacto, que protege la vida privada.
El otro eje de la adenda es un elemento probatorio que la defensa califica como decisivo. De acuerdo al documento al que accedieron medios nacionales, se aportaron planillas oficiales sobre los pagos con recursos de la Fuente 14 del fideicomiso SISVIAL, incorporadas en agosto de 2026 en el marco de la causa Cuadernos. A partir de esa documentación, una pericia contable encargada por la defensa sostiene que, de las 51 obras incluidas en Vialidad, solo 17 fueron financiadas con esa fuente; que de 3.855 certificados pagados con esos fondos, apenas 36 corresponden a esas obras; y que de unos 2.200 millones de dólares ejecutados, el Grupo Austral habría recibido 18,66 millones, equivalente al 0,85% del total.
En términos jurídicos, el Comité no funciona como una instancia de apelación que anule de forma directa sentencias nacionales, pero sus dictámenes poseen peso político y relevancia en el sistema interamericano y pueden obligar al Estado argentino a revisar medidas. La defensa busca, en lo inmediato, frenar los efectos de la inhabilitación y morigerar las condiciones de la prisión domiciliaria que la ex presidenta cumple desde el 17 de junio de 2025.
Con el inicio del período de sesiones en Ginebra, comenzó a correr el plazo que la defensa considera determinante para revertir el escenario judicial y electoral de la ex jefa de Estado.
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