El sector privado ratificó la suspensión de prestaciones para afiliados durante dos días. Denuncian que los aumentos otorgados en 2026 no superan el 5% frente a una inflación del 22,6% y apuntan contra las condiciones contractuales.
La semana que comienza estará marcada por la incertidumbre para millones de afiliados. Las clínicas y sanatorios que trabajan con PAMI confirmaron que este miércoles 21 y jueves 22 de octubre no brindarán atención programada a jubilados y pensionados.
La protesta fue resuelta luego de meses de gestiones sin avances concretos. Según comunicaron CAPRESS, ACAMI, Salud Federal y Clínicas de la Patagonia, los intentos de negociación con el Instituto y con el Ministerio de Salud no lograron revertir el deterioro de los ingresos.
El dato que exponen las entidades ilustra la tensión actual: en los primeros nueve meses de este año, el incremento promedio recibido no superó el 5%, mientras que la inflación del mismo período fue del 22,6%. Para equiparar los valores con el índice general de precios desde el inicio de la actual gestión nacional, calculan que se requiere un ajuste adicional del 62%.
Más allá de lo arancelario, el conflicto expone cuestionamientos estructurales. Los prestadores advierten que los contratos vigentes limitan la atención, imponen cupos y dificultan la realización de procedimientos de mayor complejidad, lo que termina afectando directamente a quienes necesitan turnos, estudios y tratamientos.
En la Patagonia el antecedente es reciente. A fines de agosto, clínicas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa paralizaron la atención programada durante 24 horas, afectando a cerca de 300.000 afiliados. En esa misma semana, más de un centenar de instituciones del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza se sumaron a una medida similar.
El organismo nacional aseguró que alcanzó un entendimiento para recomponer valores en algunas prácticas clínicas, prácticamente equivalente a la inflación acumulada de 2026. No obstante, los referentes del sector privado, como el gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, Andrés Sabalette, señalaron que ese compromiso no resuelve el problema de fondo.
Con la medida ratificada, la atención de guardia por emergencias quedará garantizada, pero el resto de las prestaciones quedará suspendido durante 48 horas. El escenario deja en el centro el financiamiento de la obra social más grande del país y la necesidad de una solución urgente para evitar que las restricciones se vuelvan permanentes.
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