La Cámara de Diputados aprobó cuatro iniciativas que regulan los créditos, prohíben el acoso en las cobranzas y habilitan mecanismos de renegociación. Con 52 votos a favor, el proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio este martes media sanción a un conjunto de cuatro proyectos destinados a dar respuesta a la crisis de endeudamiento que afecta a más de dos millones de bonaerenses con bancos, financieras y billeteras virtuales.
El paquete, que unificó nueve expedientes presentados en los últimos meses, avanza sobre distintos frentes del problema: la transparencia al momento de contratar un préstamo, la regulación de las gestiones de cobro, la posibilidad de reestructurar pasivos y la creación de controles para el sistema crediticio no bancario.
La problemática tomó mayor dimensión a partir de un relevamiento de la Defensoría del Pueblo provincial, que detectó que más de la mitad de los hogares consultados había solicitado un crédito en el último año para cubrir gastos esenciales como alimentos, y que tres de cada cuatro aún no había logrado cancelarlo.
Entre las iniciativas aprobadas se destaca la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento. La propuesta, impulsada por el presidente del bloque oficialista Facundo Tignanelli junto a la Defensoría del Pueblo, establece una instancia prejudicial obligatoria, gratuita y centralizada en ese organismo. Allí, el consumidor podrá reunir a todos sus acreedores en un solo procedimiento para acordar un plan de pagos acorde a su capacidad económica, con un tope del 30% de sus ingresos netos mensuales. Ningún acreedor podrá iniciar acciones judiciales sin pasar previamente por esa etapa.
El segundo proyecto habilita una vía judicial directa para personas sobreendeudadas. Permite acudir a los Juzgados de Paz o de Familia sin trámite administrativo previo para solicitar la reorganización de las deudas, la suspensión de intereses, la nulidad de cláusulas abusivas y el cese de hostigamientos.
La tercera iniciativa pone el foco en las prácticas de cobranza. Establece que las gestiones solo podrán realizarse de lunes a viernes entre las 9 y las 20 horas, prohíbe los contactos en fines de semana y feriados, impide ocultar el número de origen y veta los llamados al empleador, a familiares o a terceros ajenos a la deuda. También prohíbe exponer públicamente la condición de deudor, difundir datos en redes o comercios y bloquear cuentas sueldo como mecanismo de presión.
El último texto reforma la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor para reforzar la información previa. Obliga a detallar monto total, costo financiero total, tasa efectiva anual, cantidad y valor de cuotas, penalidades y seguros, regula la publicidad de préstamos en aplicaciones y redes sociales, e incorpora un procedimiento para revisar y renegociar condiciones cuando se deteriore la situación económica del deudor.
El resultado en el recinto reflejó el debate político del momento. El paquete obtuvo 52 votos afirmativos, aportados por el peronismo, bloques dialoguistas, UCR y la izquierda. El PRO y la UCR cuestionaron la celeridad del tratamiento legislativo, mientras que La Libertad Avanza rechazó las iniciativas al considerar que atribuyen la responsabilidad del fenómeno únicamente a la gestión nacional. Con la media sanción obtenida, el expediente giró al Senado bonaerense para su tratamiento definitivo.
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