La vicegobernadora bonaerense encabezó un encuentro en el Senado provincial con referentes de defensa del consumidor, sindicatos, universidades y foros hídricos. Advirtió que el agua es un derecho humano y cuestionó el avance del Gobierno nacional en la venta de la empresa.
Con un fuerte mensaje en defensa del rol del Estado en los servicios esenciales, la vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, recibió este lunes a un amplio arco de organizaciones para analizar el futuro de Agua y Saneamientos Argentinos.
La reunión se desarrolló en el Salón Dorado de la Cámara Alta, en La Plata, y contó con la participación de asociaciones de defensa de los derechos del consumidor, colectivos socioambientales, gremios, representantes universitarios, asambleas vecinales e integrantes de foros hídricos de distintas cuencas.
El eje central del encuentro fue la preocupación compartida por el proceso de privatización impulsado por la administración nacional sobre la empresa que presta agua potable y cloacas a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El debate se da en un momento clave de la licitación. El Gobierno nacional confirmó a mediados de septiembre la apertura de sobres y la recepción de dos ofertas comerciales para quedarse con el 90% del paquete accionario que hoy está en manos del Estado. El 10% restante continuaría bajo el Programa de Propiedad Participada de los trabajadores.
De acuerdo a lo informado oficialmente, la operación busca recaudar alrededor de 500 millones de dólares y fue autorizada mediante la Resolución 704 del Ministerio de Economía, en el marco de lo previsto en la Ley Bases. La licitación es de alcance nacional e internacional y no establece un precio base mínimo.
Desde Economía señalaron además que el futuro operador deberá asumir compromisos de inversión por más de 2.000 millones de dólares en los primeros cinco años para obras de expansión y mantenimiento del sistema.
Durante el encuentro en el Senado bonaerense, Magario sostuvo que el acceso al agua no puede quedar atado exclusivamente a la lógica de una firma privada. En esa línea, remarcó que el agua es sinónimo de vida y constituye un derecho humano básico, por lo que el Estado debe intervenir allí donde el mercado no garantiza cobertura.
La vicegobernadora también apuntó contra la paralización de obras de mejora y ampliación de redes que, según planteó, resultan indispensables para extender el servicio en el conurbano.
Del espacio Intercuencas y otras organizaciones presentes señalaron que se trata de una privatización irregular e innecesaria sobre un recurso estratégico, y coincidieron en la necesidad de articular acciones judiciales y legislativas. De hecho, en las últimas semanas se presentaron amparos que lograron demorar momentáneamente el cronograma de apertura de sobres.
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