La diputada respondió al Presidente luego de que la calificara de «mentirosa serial» y expuso un seguro del BBVA de marzo de 2024 donde el ex intendente de la Quinta figura como personal de catering para una fiesta en GEBA. El caso ya está en la Justicia e incluye compras millonarias y cambios en la administración presidencial
La disputa política en torno a la Quinta de Olivos sumó este fin de semana un nuevo capítulo de alta tensión. La diputada nacional Marcela Pagano volvió a confrontar directamente al presidente Javier Milei, tras ser descalificada por el mandatario, y redobló sus acusaciones sobre presuntas irregularidades en la residencia oficial.
El origen del cruce fue un mensaje del jefe de Estado en redes sociales, donde aludió a la legisladora como «mentirosa serial». La respuesta de Pagano no tardó en llegar con un extenso hilo en su cuenta de X. «Estás gagá», lanzó, y sostuvo que el Presidente no puede explicar lo que ocurría «en su propia casa».
El eje central de la denuncia presentada por la diputada es una póliza de accidentes personales emitida por BBVA Seguros el 1 de marzo de 2024. Según la documentación que ya fue incorporada a un expediente en Comodoro Py, el seguro fue contratado para cubrir al «personal de catering» —mozos, cocineros y ayudantes— de un evento privado.
En ese listado, de acuerdo a lo expuesto por la legisladora, aparece Osvaldo Javier Sosa, quien en ese momento se desempeñaba como administrador general e intendente de la Quinta de Olivos, con el mismo número de documento con el que fue designado por decreto. Junto a él figuran también María Laura Villegas y Camila Tamara Iasychyn Zapata, coordinadoras de la misma residencia.
La póliza habría sido tramitada por Analía Agudiez, quien estaba a cargo de la cocina de Olivos y es pareja de Sosa. Agudiez es señalada además como titular de un emprendimiento privado de panificados y catering denominado «Pancitos Caseros», cuya actividad en redes sociales fue dada de baja en los últimos días.
La legisladora trazó un vínculo entre ese evento y posteriores contrataciones del Estado. El seguro, indicó, correspondía a una fiesta de gran magnitud denominada «Bizarreen», realizada en el club GEBA y organizada por la productora de Mara Gorini. Dos semanas después de ese festejo, Gorini fue incorporada como consultora en la Secretaría General de la Presidencia, área que conduce Karina Milei.
El entramado familiar es otro de los puntos señalados. Belén Agudiez, hermana de Analía y considerada persona de confianza de la secretaria general, ocupaba la Subsecretaría de Planificación General. Fue desplazada en las últimas horas y su salida se oficializó a través del Decreto 1055/2026.
En paralelo, la denuncia alude a compras de alimentos realizadas por el Estado para la Quinta y la Casa Rosada por volúmenes inusuales. Pagano mencionó una licitación de 29 toneladas de carne por más de 500 millones de pesos, en línea con otras adquisiciones millonarias para mantenimiento y jardinería que ya habían sido cuestionadas.
Tras la difusión de la información, el Poder Ejecutivo tomó medidas de reordenamiento. Sosa fue desvinculado de su cargo, se dispuso el cierre de la administración tradicional de la Quinta y se encomendó la custodia y gestión interna a Casa Militar, bajo la conducción del coronel Fernando Tereso. En los últimos días, incluso se informó la reincorporación y reubicación de doce trabajadores que habían sido despedidos.
El Presidente aseguró haberse enterado de las presuntas maniobras a partir de las publicaciones de la diputada y calificó a la residencia como «una base militar» que necesita ser ordenada por tener «enemigos pesados».
Pagano, por su parte, desafió al mandatario a accionar judicialmente si considera que la documentación es falsa. «Si es mentira, tenés el camino fácil: denunciame», afirmó, y remarcó que no se trata de un posteo aislado sino de un expediente con papeles adjuntos. También deslizó que existen otras situaciones de gravedad que podrían salir a la luz próximamente.
La causa que investiga el presunto desvío de alimentos hacia emprendimientos privados y la compatibilidad de funciones de ex funcionarios de Olivos con actividades de catering continúa en trámite en los tribunales federales.
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