La iniciativa de Fernanda Raverta obtuvo media sanción y propone que la Provincia reclame el dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. Mientras el Gobierno nacional impulsa la concesión del predio, el kirchnerismo bonaerense busca instalar una defensa política del turismo social. Sin embargo, el complejo todavía no fue transferido a la Provincia y el desenlace dependerá del tratamiento en Diputados y de eventuales acciones judiciales.
La disputa por el futuro del histórico complejo turístico de Chapadmalal sumó un nuevo capítulo esta semana. El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría un proyecto presentado por la senadora Fernanda Raverta para que el Estado bonaerense avance en el reclamo de la titularidad y administración de la Unidad Turística Chapadmalal. La iniciativa obtuvo media sanción el 15 de septiembre y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
El dato político central es que no existe todavía una recuperación efectiva del complejo por parte de la Provincia. Lo aprobado por el Senado es una herramienta legislativa que declara la voluntad bonaerense de recuperar los inmuebles e instruye a la Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales correspondientes. Es decir, el conflicto está lejos de haber terminado.
La propuesta fue impulsada por Raverta, dirigente identificada públicamente con La Cámpora y actualmente integrante del bloque de Fuerza Patria. El expediente ingresó en abril de 2026 y plantea que los terrenos y edificios de Chapadmalal continúen afectados al turismo social y que se adopten medidas judiciales para obtener su restitución.
Un escenario que enfrenta a Provincia y Nación
El conflicto se desarrolla en paralelo a la decisión de la administración de Javier Milei de avanzar con un esquema de concesión de espacios del complejo a operadores privados.
La tensión quedó expuesta nuevamente en las últimas horas. La Justicia Federal de Mar del Plata ordenó el desalojo del histórico Café del Lago, a pedido de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La medida se suma a otros conflictos sobre establecimientos que funcionan dentro del predio y se produce mientras Nación busca liberar espacios para avanzar con su estrategia de concesión.
El Gobierno nacional sostiene un esquema basado en una mayor participación privada, mientras que el proyecto bonaerense busca preservar el destino social del complejo. Esa diferencia constituye el núcleo de la disputa política.
Desde el oficialismo bonaerense y desde el entorno de Raverta se presenta la iniciativa como una defensa del turismo social y del acceso de trabajadores y familias a las vacaciones. La propia legisladora sostiene que Chapadmalal debe conservar esa finalidad.
El papel de La Cámpora y la disputa por el relato
La intervención de Raverta también tiene una dimensión política que excede la cuestión administrativa. La dirigente fue identificada como referente de La Cámpora en la Legislatura bonaerense y el proyecto le permite al espacio kirchnerista recuperar protagonismo alrededor de una bandera histórica del peronismo: el turismo social.
El punto polémico aparece cuando una disputa jurídica y patrimonial se transforma también en una herramienta de confrontación partidaria. El kirchnerismo bonaerense coloca a Chapadmalal dentro de una discusión mucho más amplia sobre el modelo de Estado y utiliza el complejo como símbolo de la confrontación con la administración de Milei.
Pero el escenario también obliga a mirar qué ocurrió con el complejo durante los distintos períodos de administración estatal y cuáles son las responsabilidades concretas de cada gobierno respecto de su mantenimiento, funcionamiento y preservación.
Por eso, más allá de las consignas políticas, el debate central continúa siendo qué modelo de administración permitirá recuperar el funcionamiento efectivo del predio, garantizar su conservación y definir quién deberá afrontar los costos de mantenimiento.
Un patrimonio histórico que permanece en disputa
La Unidad Turística Chapadmalal es un conjunto de enorme valor histórico y arquitectónico. El complejo está integrado por nueve hoteles y 19 bungalows, además de otros espacios destinados a actividades recreativas y servicios. Fue construido sobre tierras fiscales y expropiadas y recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto 784/2013.
Durante décadas, Chapadmalal funcionó como uno de los principales símbolos del turismo social argentino. Su diseño permitió alojar a grandes contingentes de visitantes y vincular el acceso al descanso con una política pública de alcance nacional.
Precisamente por ese valor, la discusión actual excede una simple disputa por la administración de un complejo hotelero.
El interrogante es qué ocurrirá con las instalaciones, los trabajadores y los servicios si avanza la concesión impulsada por Nación o si finalmente prospera el reclamo provincial.
La decisión todavía no está tomada
El proyecto aprobado por el Senado bonaerense representa un avance político para Raverta y para los sectores del peronismo que buscan conservar Chapadmalal bajo una administración estatal destinada al turismo social. Pero todavía no significa que la Provincia haya recuperado jurídicamente el complejo.
El expediente deberá pasar ahora por Diputados y, en caso de avanzar, abrirá una nueva etapa de acciones administrativas y judiciales para intentar concretar la restitución reclamada.
Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su posición respecto del futuro del predio y la Justicia ya intervino en algunos de los conflictos relacionados con los establecimientos que funcionan dentro del complejo.
Así, Chapadmalal queda nuevamente en el centro de una disputa que combina patrimonio histórico, turismo social, administración de bienes públicos y fuerte confrontación política. El resultado final todavía está abierto y dependerá de las próximas decisiones legislativas, administrativas y judiciales.
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