En una Argentina atravesada por el ajuste nacional, Martín Méndez analiza cómo Axel Kicillof y Fernando Espinoza destinan recursos provinciales y municipales para sostener la salud, la seguridad, el desarrollo social y las obras públicas en La Matanza, frente a una demanda social que no deja de crecer.
Por Martín Méndez
Hay una palabra que atraviesa buena parte de la discusión política y económica de la Argentina de 2026: ajuste.
El Gobierno de Javier Milei hizo del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público uno de los ejes centrales de su administración.
La pregunta es qué sucede en el territorio cuando los recursos nacionales disminuyen, mientras las necesidades de la población continúan.
En La Matanza, los números permiten observar una respuesta concreta: el gobernador Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza continúan destinando recursos provinciales y municipales para sostener servicios y políticas públicas.
No se trata solamente de un discurso político.
Hay presupuestos, inversiones y decisiones concretas detrás.
Una Provincia que reclama recursos
La Provincia de Buenos Aires sostiene que el Gobierno nacional redujo o dejó de transferir recursos que corresponden al distrito.
La propia legislación bonaerense que aprobó el Presupuesto 2026 declaró la emergencia económica de la Provincia y los municipios y vinculó esa situación con la recesión y con el incumplimiento, mora o detracción de transferencias nacionales automáticas y no automáticas que la Provincia considera que le corresponden.
En junio de 2026, Axel Kicillof concurrió nuevamente a la Corte Suprema por los reclamos de Buenos Aires.
Según el cálculo presentado por el Gobierno provincial, la Nación adeuda o dejó de transferir más de $22 billones, considerando distintos conceptos y pérdida de recursos de origen nacional.
La Provincia aclara que dentro de esa cifra existen distintos reclamos judiciales y administrativos. Por lo tanto, los $22 billones son el cálculo y reclamo de la Provincia, no una deuda judicialmente reconocida por ese monto.
El dato que no admite discusión es que existe un conflicto fiscal de enorme magnitud entre Buenos Aires y el Gobierno nacional.
Y ese conflicto tiene consecuencias territoriales.
Cuando la Provincia tiene menos recursos, los municipios también sienten la presión
La coparticipación federal no llega directamente desde Nación a cada municipio bonaerense.
Los recursos nacionales llegan principalmente a la Provincia, y luego existe un régimen de coparticipación y transferencias hacia los municipios.
Por eso, cuando Buenos Aires denuncia una disminución de recursos nacionales, el problema también termina afectando el margen fiscal con el que la Provincia puede sostener sus políticas y asistir financieramente a los municipios.
La propia Provincia creó para 2026 y 2027 un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos, programas sociales y obras municipales.
La ley establece que ese fondo se integra, entre otros recursos, con el producido del endeudamiento provincial y garantiza un piso de $250.000 millones si el porcentaje destinado al fondo resulta insuficiente.
Es decir: la Provincia está utilizando también herramientas de financiamiento para sostener a los municipios en un contexto de emergencia fiscal.
La Matanza: más de $114.000 millones para Salud
En ese escenario aparece la gestión municipal.
El Presupuesto de Gastos 2026 de La Matanza contempla:
$114.097.652.444,73 para Salud.
$43.733.470.986,15 para Protección Ciudadana.
$40.941.911.540,79 para Desarrollo Social.
Y más de $28.741 millones para Obras Públicas.
El presupuesto municipal total supera los $460.000 millones.
Son partidas presupuestarias oficiales. No son anuncios ni estimaciones periodísticas.
En un contexto de ajuste nacional, estos números muestran dónde decide poner sus recursos el gobierno municipal.
La demanda social no se ajusta
El Municipio informó que la demanda alimentaria aumentó un 50%, pasando de aproximadamente 100.000 a 150.000 familias asistidas.
También informó un crecimiento de la cantidad de comedores, de 800 a 1.200.
Son datos proporcionados por el propio gobierno municipal y deben ser considerados como tales.
Pero el contexto nacional también está documentado.
UNICEF informó que durante el segundo semestre de 2025 el 42,3% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vivía en hogares pobres, equivalente a aproximadamente 5,1 millones de chicos.
El organismo proyectó que la pobreza infantil podía alcanzar alrededor del 44,4% durante el primer semestre de 2026.
UNICEF también señaló que durante los primeros cuatro meses y medio de 2026 la ejecución del presupuesto nacional destinado a la niñez fue 6% menor en términos reales que en el mismo período de 2025 y estimó que, si no se modificaban los créditos presupuestarios, el financiamiento nacional dirigido a la niñez podía terminar 2026 un 16% por debajo en términos reales del gasto devengado en 2025.
Los números muestran una tensión evidente:
menos recursos nacionales, pero necesidades que continúan llegando al territorio.
Salud: el Estado municipal también absorbe la presión
La situación sanitaria forma parte del mismo problema.
Hasta la semana epidemiológica 22 de 2026, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 6.482 casos de tuberculosis en Argentina, 133 más que durante el mismo período del año anterior.
Durante todo 2025 se habían notificado 17.283 casos, con una tasa de 37,3 casos cada 100.000 habitantes.
La tuberculosis no puede atribuirse mecánicamente a una única política económica ni a un único gobierno. Es una enfermedad con múltiples determinantes.
Pero en un contexto de pobreza, dificultades alimentarias y vulnerabilidad social, la capacidad de los sistemas públicos de salud resulta todavía más importante.
Por eso, los más de $114.000 millones destinados a Salud por La Matanza no son un dato menor.
Son recursos destinados a sostener una estructura sanitaria que debe responder a una demanda que no desaparece porque exista un ajuste presupuestario nacional.
Seguridad: otro ejemplo de esfuerzo municipal
La seguridad es solamente uno de los ejemplos de esta política de gestión.
La Municipalidad de La Matanza compró 40 patrulleros con recursos municipales y los cedió a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
La propia Municipalidad informó que esos vehículos se sumaron a otros 90 entregados previamente y que estaban previstos otros 60.
Además, existe documentación oficial de la Provincia que demuestra la articulación entre Municipio y Policía Bonaerense para la adquisición de vehículos destinados a patrulleros.
El Boletín Oficial bonaerense registró un convenio para que La Matanza adquiriera vehículos destinados como patrulleros a las Policías de la Provincia.
Esto tiene una importancia política concreta:
el Municipio utiliza recursos propios para aportar equipamiento a una fuerza policial provincial.
Y el esfuerzo no termina necesariamente con la compra del vehículo: existen mecanismos de cooperación y antecedentes documentados de participación municipal en combustible, mantenimiento y reparación de móviles.
Una estructura municipal propia
La Matanza también sostiene la Guardia Urbana Municipal.
No reemplaza a la Policía Bonaerense ni tiene sus mismas facultades.
Su función es preventiva y de presencia territorial, con articulación con las fuerzas de seguridad.
A eso se suma una infraestructura tecnológica que el Municipio informa actualmente con más de 5.000 cámaras 4K, 1.200 paradas seguras, 100 puntos seguros y más de 15.000 alarmas vecinales, además de más de 400 patrulleros y 200 motos dentro de su estructura de protección ciudadana.
Estos números corresponden a información publicada por el propio Municipio y deben atribuirse como tal.
La Provincia también sigue poniendo recursos
El 26 de agosto de 2026, Axel Kicillof entregó en La Matanza 40 patrulleros y 10 motos adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.
Con esa incorporación, la Provincia informó que había superado los 1.150 vehículos entregados al distrito.
Durante ese acto, Kicillof sostuvo que, mientras Nación retiraba recursos, la Provincia continuaba realizando inversiones en La Matanza.
La frase resulta significativa porque resume la estrategia que se observa en los presupuestos:
ante el ajuste nacional, Provincia y Municipio buscan sostener la presencia del Estado en el territorio.
Kicillof y el financiamiento provincial
Hay otro dato que permite entender cómo la Provincia intenta sostener esa política.
La Legislatura bonaerense autorizó al Poder Ejecutivo a tomar financiamiento por hasta US$1.045 millones para atender servicios de deuda y creó mecanismos para fortalecer la inversión municipal.
Además, la Ley de Financiamiento 2026 estableció el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con un esquema que contempla hasta $250.000 millones garantizados para municipios si el porcentaje proveniente de las operaciones de financiamiento resultara insuficiente.
Por eso es correcto afirmar que la Provincia está utilizando herramientas de financiamiento y endeudamiento autorizadas por ley para cumplir obligaciones y sostener políticas públicas.
No sería correcto, en cambio, afirmar genéricamente que “todo el endeudamiento de Kicillof se utiliza para mantener los servicios”.
La realidad es más específica: una parte del financiamiento está destinada a obligaciones de deuda y otra estructura de financiamiento permite sostener inversión y asistencia a municipios.
¿Qué queda después del ajuste?
Esta es la verdadera pregunta.
El Gobierno nacional sostiene que el ajuste fiscal es necesario para ordenar las cuentas públicas.
La Provincia de Buenos Aires sostiene que una parte de ese ajuste se traduce en menores transferencias y reclama judicialmente recursos que considera propios.
Los municipios reciben las consecuencias de esa tensión.
Y, al mismo tiempo, la demanda social permanece.
La salud continúa necesitando recursos.
Las familias continúan necesitando alimentos.
Los municipios continúan necesitando infraestructura.
Las escuelas continúan necesitando asistencia.
La seguridad continúa necesitando equipamiento.
Las necesidades no se ajustan al mismo ritmo que los presupuestos.
Por eso, cuando Nación reduce recursos, alguien debe decidir qué hacer.
En La Matanza, Fernando Espinoza decidió sostener partidas importantes de Salud, Desarrollo Social, Protección Ciudadana y Obras Públicas.
En la Provincia, Axel Kicillof decidió continuar financiando políticas públicas, inversión y asistencia municipal mientras reclama los recursos que considera que Buenos Aires debería recibir.
Datos, no relatos
Los números permiten resumir la situación:
$460.165 millones: presupuesto municipal total de La Matanza para 2026.
$114.097 millones: Salud.
$43.733 millones: Protección Ciudadana.
$40.941 millones: Desarrollo Social.
Más de $28.741 millones: Obras Públicas.
40: patrulleros comprados por el Municipio y cedidos a la Policía Bonaerense.
Más de 1.150: vehículos entregados por la Provincia al distrito.
Más de 5.000: cámaras 4K informadas por el Municipio.
1.200: paradas seguras.
Más de 15.000: alarmas vecinales.
150.000: familias que el Municipio informa que reciben asistencia alimentaria.
42,3%: niños, niñas y adolescentes que vivían en hogares pobres en Argentina durante el segundo semestre de 2025, según UNICEF.
6.482: casos de tuberculosis notificados en Argentina hasta la semana epidemiológica 22 de 2026.
Más de $22 billones: monto que la Provincia calcula como recursos nacionales adeudados o dejados de percibir.
$250.000 millones: fondo provincial garantizado para municipios en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, bajo las condiciones establecidas por la ley.
Estos números permiten sostener una conclusión política.
El ajuste nacional es una decisión del Gobierno de Javier Milei.
Sus consecuencias fiscales y sociales son objeto de una fuerte disputa política y judicial.
Pero mientras esa discusión continúa, Axel Kicillof y Fernando Espinoza siguen destinando recursos provinciales y municipales para sostener servicios y políticas públicas en el territorio.
No significa que todos los problemas estén resueltos.
No significa que no puedan existir críticas a sus gestiones.
Significa que, en un contexto de menor disponibilidad de recursos nacionales, ambos gobiernos están tomando decisiones para mantener la presencia del Estado.
El ajuste puede reducir recursos.
Lo que no reduce son las necesidades de la gente.
Y frente a esas necesidades, la Provincia y el Municipio siguen poniendo recursos.
En salud.
En desarrollo social.
En infraestructura.
En prevención.
En seguridad.
En asistencia.
En el territorio.
Datos mata relatos.
Martín Méndez
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