Un análisis sobre la inseguridad en el Conurbano bonaerense que pone el foco en la responsabilidad compartida entre Nación, Provincia y municipios, el impacto de las decisiones presupuestarias y la necesidad de políticas de prevención y seguridad sostenidas más allá de las disputas electorales.
Por Martín Méndez
Hay momentos en los que una sociedad deja de discutir estadísticas y empieza a discutir miedo.
El Conurbano bonaerense atraviesa uno de esos momentos.
En apenas unas horas, distintos hechos volvieron a colocar a la inseguridad en el centro de la agenda: un joven asesinado para robarle la moto en José C. Paz; un violento intento de robo en La Matanza que terminó con un adolescente muerto; y este jueves 10 de septiembre, un hombre baleado cuando llevaba a su hija a una escuela de El Palomar.
Detrás de cada noticia hay algo que ninguna estadística debería esconder: familias.
Y también hay una pregunta inevitable.
¿Quién es responsable?
La respuesta sencilla consiste en señalar al intendente, al gobernador o al Presidente según la pertenencia política de quien responda.
La respuesta seria es bastante más incómoda.
Los números y la calle
Los últimos datos consolidados de la Procuración General bonaerense corresponden a 2025. Ese año se registraron 808 víctimas fatales de homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires y una tasa de 4,6 víctimas cada 100.000 habitantes.
Incluso hubo una reducción de los homicidios dolosos consumados respecto del año anterior.
Pero hay otro dato: los homicidios en ocasión de robo aumentaron 12,9%.
Y territorialmente las diferencias son enormes. En los departamentos judiciales que comprenden el Conurbano, La Plata y Mar del Plata la tasa de homicidios alcanzó 5,2 cada 100.000 habitantes. La Matanza llegó a 8,02; Moreno-General Rodríguez, a 7,66.
Por eso una sucesión de crímenes conmocionantes no debería utilizarse para inventar estadísticas. Pero tampoco una estadística general puede utilizarse para explicarle a una familia que acaba de perder a un hijo que su percepción de inseguridad es equivocada.
La seguridad tiene una dimensión estadística y otra profundamente humana.
Una discusión que casi nunca llega a la televisión
Hay otra parte del problema que merece ser observada.
La provincia de Buenos Aires sostiene que el Estado nacional acumula obligaciones, transferencias discontinuadas y pérdida de recursos por más de $22 billones. En junio, durante una audiencia ante la Corte Suprema, el gobierno provincial afirmó que esa cifra equivalía aproximadamente a la mitad de su presupuesto anual.
No todo ese dinero corresponde a seguridad. Tampoco sería correcto afirmar que cada peso que no llega desde Nación produce un delito.
Pero sería igualmente ingenuo sostener que la capacidad financiera de un Estado no tiene ninguna relación con su capacidad de brindar seguridad.
Seguridad significa policías, patrulleros, combustible, cámaras, tecnología, inteligencia criminal, capacitación, infraestructura, salarios, prevención y presencia territorial.
Y todo eso cuesta dinero.
La propia Provincia creó en 2025 un Plan Integral de Seguridad por $170.000 millones y un Fondo de Fortalecimiento destinado a municipios para patrulleros, equipamiento e infraestructura.
Es decir: existe una relación material entre recursos y capacidad de respuesta.
La inseguridad no comienza cuando alguien empuña un arma
Hay además una discusión todavía más profunda.
Durante décadas la Argentina trató seguridad, economía, educación y desarrollo social como compartimentos separados.
Quizás sea un error.
El FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo han advertido sobre un círculo particularmente peligroso en América Latina: bajo crecimiento, desigualdad, debilidad institucional y violencia pueden retroalimentarse.
Eso no significa que una persona sin trabajo se transforme en delincuente.
Sería una simplificación injusta y absurda.
Significa otra cosa.
Una sociedad que pierde empleo formal, abandona jóvenes, deteriora su educación, debilita instituciones y al mismo tiempo reduce la capacidad del Estado para prevenir, investigar y castigar delitos genera condiciones de mayor vulnerabilidad.
La seguridad, entonces, no empieza solamente con un patrullero.
Empieza mucho antes.
Empieza en la escuela.
En el trabajo.
En la urbanización.
En la prevención de las adicciones.
En una Justicia que funcione.
Y termina, cuando todo lo anterior fracasa, necesitando también una Policía profesional, equipada y presente.
El peligro del calendario electoral
Argentina ingresará en 2027 en un nuevo año electoral.
Y ahí aparece otra pregunta que deberíamos hacernos independientemente de nuestras simpatías partidarias.
¿Qué ocurre cuando los recursos públicos se convierten en herramientas de disputa política entre Nación, provincias y municipios?
No sería la primera vez en nuestra historia que un gobierno responsabiliza al nivel inmediatamente inferior por un problema mientras ese nivel responsabiliza al superior por la falta de recursos.
Nación responsabiliza a Provincia.
Provincia responsabiliza a Nación.
Los municipios reclaman a Provincia.
Y mientras las administraciones discuten competencias, fondos y responsabilidades, hay una familia enterrando a alguien.
Ese debería ser el límite.
No corresponde eximir al gobierno bonaerense de su responsabilidad constitucional sobre la seguridad provincial. Axel Kicillof gobierna Buenos Aires y debe responder por aquello que está bajo su competencia.
Pero tampoco corresponde analizar su capacidad de respuesta como si administrara una isla económicamente independiente del Estado nacional.
Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo.
La política debería empezar donde termina la excusa
La inseguridad resulta demasiado grave para transformarla en una herramienta electoral.
Un gobernador no puede responder cada crimen diciendo que le quitaron recursos.
Un Presidente tampoco puede desfinanciar políticas o interrumpir transferencias y después comportarse como un observador externo de las consecuencias territoriales.
Y un intendente no puede limitarse a señalar hacia arriba.
Gobernar consiste precisamente en hacerse cargo de la parte que corresponde.
Tal vez el verdadero debate no sea determinar quién puede obtener electoralmente más ventaja del miedo.
Tal vez sea preguntarnos cuánto cuesta construir una sociedad segura y quién está dispuesto a financiarla.
Porque cuando se recorta educación, prevención, infraestructura, desarrollo social o seguridad, los efectos no siempre aparecen inmediatamente en una planilla presupuestaria.
A veces aparecen años después.
En una escuela abandonada.
En un joven sin oportunidades.
En un patrullero que no llega.
En una familia que tiene miedo de abrir el portón de su casa.
O en una silla que queda vacía para siempre.
Y entonces ya no estamos hablando de Nación, Provincia o municipios.
Estamos hablando de personas.
La seguridad no debería tener color político.
La vida tampoco.
Martín Méndez
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