El puerto de Avellaneda atraviesa un escenario marcado por la definición del dragado, un reclamo millonario del Gobierno nacional y la disputa con municipios vecinos por el impacto del tránsito pesado. La conducción del Consorcio asegura que la operatoria continúa con normalidad y que las obras avanzan dentro de los procedimientos administrativos correspondientes.
El Puerto de Dock Sud volvió a quedar en el centro de la escena por una serie de conflictos que atraviesan simultáneamente su funcionamiento, sus obras de infraestructura y la relación con los municipios de la región. La situación combina la definición de una licitación para el dragado, un reclamo judicial por una deuda cercana a los seis millones de dólares y la disputa con Lanús y Quilmes por el deterioro de la infraestructura vial provocado por el tránsito de camiones.
Ubicado en Avellaneda, Dock Sud constituye uno de los principales puntos logísticos del sistema portuario bonaerense. De acuerdo con información difundida en las últimas horas, concentra alrededor del 95% de la carga contenerizada de la provincia y más del 40% del movimiento nacional de este tipo de mercadería, por lo que cualquier demora en inversiones estratégicas puede tener impacto sobre la competitividad del comercio exterior.
El dragado, una de las principales definiciones
Uno de los asuntos centrales es la obra destinada a mejorar y mantener los canales y sectores operativos del puerto. La licitación contempla trabajos sobre el Canal Sur, el Canal Dock Sud, la Dársena de Inflamables y distintos muelles.
El proceso tuvo una apertura de ofertas en mayo, con propuestas de la UTE integrada por Jan de Nul y Servimagnus y de Shanghai Dredging Company. El presupuesto oficial establecido para el proceso rondó los 26,97 millones de dólares más IVA y el plazo previsto para los trabajos es de 575 días desde el inicio de las tareas.
La actual conducción del Consorcio sostiene que la evaluación técnica ya fue completada y aprobada por el directorio y que el expediente se encuentra en organismos de control de la Provincia de Buenos Aires. La presidenta del organismo, Mónica Litza, afirmó que el objetivo es garantizar el máximo nivel de revisión antes de avanzar con la adjudicación.
La demora en la definición constituye uno de los puntos de mayor sensibilidad, debido a que la profundidad de los canales condiciona la posibilidad de recibir embarcaciones de mayor porte y, en consecuencia, la capacidad operativa futura del puerto.
Un reclamo nacional por casi US$ 6 millones
A la discusión por las obras se suma un conflicto financiero con la administración nacional. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación presentó una demanda ante la Justicia Federal de Quilmes contra integrantes del directorio del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud por una deuda cercana a los US$ 6 millones, vinculada con trabajos de dragado y balizamiento.
El origen del reclamo se encuentra en el esquema de distribución de costos establecido mediante un convenio firmado en 2021, que contemplaba la participación de Puerto Buenos Aires y Dock Sud en el financiamiento de determinadas tareas sobre los canales de acceso. Ese acuerdo venció en diciembre de 2023 y posteriormente no se alcanzó un nuevo entendimiento sobre los montos y responsabilidades.
Desde el Consorcio señalaron que existe voluntad de alcanzar un acuerdo y establecer un criterio actualizado para determinar qué parte corresponde asumir a cada administración portuaria.
La disputa por el tránsito pesado
El tercer frente está relacionado con el impacto de la actividad portuaria sobre los municipios vecinos.
Lanús llevó el reclamo al ámbito judicial contra empresas que operan en Dock Sud, entre ellas la terminal Exolgan, argumentando que el tránsito permanente de vehículos de gran porte provoca un deterioro significativo de calles y otras infraestructuras urbanas.
El planteo busca obtener un resarcimiento por los daños acumulados durante los últimos años y promover inversiones destinadas a reducir el impacto que genera el movimiento de camiones. Quilmes también participa del reclamo y ambos municipios vienen planteando la necesidad de establecer mecanismos de compensación por los costos que la actividad portuaria genera fuera de Avellaneda.
En marzo, además, la Justicia había dispuesto una medida cautelar que frenó temporalmente trabajos de ampliación impulsados por Exolgan, en el marco del conflicto iniciado por Lanús. La discusión está vinculada con el proyecto para ampliar la capacidad de la terminal y posibilitar la operación de buques de mayor tamaño.
La respuesta de la conducción
Frente a este escenario, Litza sostiene que el Consorcio mantiene una situación financiera equilibrada y que la actividad portuaria continúa desarrollándose con normalidad. La funcionaria también destacó que las decisiones adoptadas por el directorio han contado hasta ahora con respaldo unánime.
La presidenta del organismo plantea, además, una estrategia de planificación de largo plazo que contempla obras de infraestructura vial, accesos, ampliación de superficies y un uso más eficiente del territorio portuario.
El Gobierno bonaerense sumó recientemente otra herramienta institucional con la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo destinado a colaborar en la planificación de políticas vinculadas con infraestructura, logística y desarrollo de los puertos públicos. Litza integra ese espacio en representación de Dock Sud.
Un puerto estratégico bajo presión
El escenario que atraviesa Dock Sud excede, de esta manera, una discusión puntual sobre una licitación. La definición del dragado, la disputa por los costos de mantenimiento de los canales y el reclamo de los municipios por el impacto vial forman parte de una misma discusión sobre cómo sostener y ampliar la capacidad de uno de los principales nodos logísticos del país.
Mientras la conducción del Consorcio busca avanzar con los procedimientos administrativos y proyectar nuevas inversiones, los reclamos sindicales, municipales y nacionales mantienen abierta una agenda que combina infraestructura, recursos económicos, actividad privada y decisiones políticas.
La resolución de estos frentes será determinante para definir el ritmo de modernización del Puerto de Dock Sud y su capacidad para acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino.
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