La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata confirmó la medida para el jueves 27 y viernes 28 de agosto. El reclamo incluye la aplicación de la Ley 27.795, la actualización de los salarios y el cumplimiento de la cautelar que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
La conflictividad en las universidades públicas volverá a tener un nuevo capítulo esta semana. Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP), realizarán un paro de 48 horas durante el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del plan de lucha que llevan adelante los gremios universitarios a nivel nacional.
La medida tiene como eje central el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada como Ley 27.795, además de una recuperación de los ingresos del sector frente al deterioro del poder adquisitivo. La norma establece mecanismos de actualización de partidas universitarias y contempla la recomposición salarial y la actualización de becas estudiantiles.
Desde ADULP sostienen que la legislación continúa sin aplicarse en los términos que reclaman las organizaciones universitarias y que, por ese motivo, las medidas de fuerza forman parte de una estrategia para exigir al Gobierno nacional respuestas concretas.
Una disputa que también llegó a la Justicia
El conflicto universitario adquirió además una dimensión judicial. En junio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir determinados aspectos de la Ley 27.795, particularmente los vinculados con la actualización de los salarios de docentes y nodocentes y la recomposición de programas de becas estudiantiles. El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo contra esa decisión.
La medida cautelar alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la legislación. El primero establece mecanismos vinculados con la recomposición de los salarios universitarios y la convocatoria a negociaciones paritarias, mientras que el segundo contempla la actualización de los programas de becas para estudiantes.
La decisión de la Corte no resolvió el fondo de la causa, pero dejó vigente la orden judicial mientras continúa el proceso. La controversia se originó a partir de una presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y universidades nacionales contra el Decreto 759/2025, relacionado con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo salarial continúa en el centro de la protesta
Uno de los principales puntos de preocupación para los docentes es la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. Por eso, además de reclamar mayores recursos para las universidades, las organizaciones gremiales exigen una recomposición que permita recuperar los ingresos frente a la evolución de los precios.
El reclamo incluye también la reapertura y continuidad de las negociaciones paritarias. En junio, el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y representantes gremiales habían alcanzado un acuerdo que contemplaba modificaciones en la masa salarial y otros componentes del financiamiento universitario. Sin embargo, los sindicatos consideran que ese entendimiento no resolvió el conflicto de fondo.
En paralelo, el Gobierno convocó a una nueva instancia de negociación salarial para comienzos de septiembre, aunque desde el sector gremial se decidió mantener la medida de fuerza prevista para esta semana.
La UNLP ya protagonizó protestas durante agosto
El paro del 27 y 28 de agosto se suma a una serie de acciones realizadas durante las últimas semanas. En La Plata, docentes, estudiantes y trabajadores nodocentes participaron recientemente de un banderazo frente al Rectorado de la UNLP para reclamar por el financiamiento de la universidad pública, la recuperación salarial y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico.
La protesta local también incluyó pedidos para ampliar las becas destinadas a estudiantes y retomar las negociaciones paritarias con el objetivo de recomponer los ingresos del personal universitario.
La UNLP cuenta con 17 facultades, además de sus establecimientos del sistema preuniversitario, por lo que las medidas de fuerza pueden tener impacto tanto en las actividades académicas como en los colegios dependientes de la institución. En anteriores jornadas de paro, la adhesión fue dispar entre las distintas unidades académicas.
Una ley que permanece en el centro del conflicto
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en 2025 y establece como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública. Entre sus disposiciones contempla la actualización de gastos de funcionamiento, mecanismos para las negociaciones salariales y la recomposición de becas estudiantiles.
El proyecto había sido inicialmente vetado por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso insistió con su sanción mediante las mayorías constitucionales correspondientes. Posteriormente, la norma fue promulgada y publicada oficialmente.
En ese contexto, los gremios universitarios sostienen que persiste un incumplimiento de aspectos centrales de la legislación y reclaman que las disposiciones sean traducidas en recursos concretos para las universidades y sus trabajadores.
Con el paro de 48 horas previsto para el jueves y viernes, el conflicto universitario volverá a ocupar el centro de la agenda educativa nacional. En el caso de la UNLP, ADULP ratificó la adhesión a la medida mientras continúan las negociaciones y la disputa judicial por la implementación de la normativa.
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