Un juez federal de Paraná ordenó renovar una licencia sin exigir la cancelación anticipada de infracciones registradas en el CENAT. La resolución sostiene que las multas pueden ser reclamadas por otras vías y que no corresponde utilizar el trámite de la licencia como mecanismo de cobro.
La renovación de la licencia de conducir quedó en el centro de una discusión judicial luego de que un juez federal de Paraná cuestionara que el Estado condicione la realización del trámite al pago previo de multas de tránsito.
La resolución fue dictada por el juez federal Daniel Edgardo Alonso, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por un conductor y ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y a la Municipalidad de San Benito avanzar con la renovación de la licencia sin exigirle previamente la cancelación de infracciones correspondientes a distintas jurisdicciones.
El conflicto se originó al intentar renovar la licencia
El caso comenzó cuando un conductor se presentó ante la Municipalidad de San Benito para renovar su licencia, cuyo vencimiento se había producido el 6 de abril de 2026.
Durante el trámite, el sistema informó la existencia de infracciones de tránsito pendientes. Al interesado se le indicó que debía regularizar esas obligaciones y obtener el correspondiente certificado de libre deuda antes de poder continuar con la renovación.
Ante esa situación, el conductor recurrió a la Justicia mediante una acción de amparo. El planteo apuntó contra la utilización de la renovación de la licencia como condición para obtener el pago de deudas derivadas de infracciones.
El juez Alonso resolvió hacer lugar al reclamo y dispuso que la licencia fuera renovada sin que el pago de esas multas constituyera un requisito previo.
Qué papel cumple el CENAT
El Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) reúne información aportada por organismos nacionales, provinciales, porteños y municipales que forman parte del sistema. Allí pueden figurar antecedentes e infracciones vinculados con el conductor.
El sistema también contempla un mecanismo de cobro interjurisdiccional mediante el cual las jurisdicciones adheridas informan infracciones pendientes para facilitar su percepción. Actualmente, la información oficial nacional señala que las infracciones con sentencia firme pendientes de pago pueden aparecer vinculadas a los trámites relacionados con la licencia.
La controversia judicial no se centra, por lo tanto, en la existencia de las multas ni en la posibilidad del Estado de reclamarlas, sino en si esa deuda puede convertirse en un impedimento automático para obtener o renovar una licencia.
El argumento central de la Justicia
Para fundamentar su decisión, el magistrado retomó un antecedente de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en el que se había discutido una situación similar frente a la ANSV.
En aquel pronunciamiento se había considerado que la existencia de infracciones no debía utilizarse para impedir el otorgamiento de la licencia, debido a que el Estado cuenta con procedimientos específicos para reclamar judicial o administrativamente el pago de las multas.
Desde esa perspectiva, el trámite destinado a determinar si una persona se encuentra habilitada para conducir no debería convertirse en una herramienta indirecta de ejecución de una deuda.
El fallo reciente tomó ese criterio como antecedente y sostuvo que la ANSV no puede establecer la cancelación de las multas como condición indispensable para completar la renovación de la licencia.
La resolución también recordó que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos había adoptado una posición similar en un antecedente de 2020.
Una discusión que excede a un solo conductor
El planteo adquiere relevancia porque el pago de infracciones y la renovación de licencias forman parte de un sistema que involucra a organismos nacionales, provinciales y municipales.
La normativa y los procedimientos administrativos no son idénticos en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires informa actualmente entre los requisitos para sus trámites de licencia la regularización de infracciones municipales con sentencia firme y la presentación de los certificados de antecedentes correspondientes.
A nivel nacional, la ANSV también establece procedimientos específicos para consultar las infracciones registradas y gestionar el CENAT.
Por eso, el alcance práctico del pronunciamiento judicial deberá analizarse en función de la jurisdicción involucrada, del tipo de infracción y de la situación procesal de cada multa.
El Estado mantiene mecanismos para reclamar las multas
Uno de los puntos destacados por la Justicia es que una infracción no desaparece por el hecho de que se permita continuar con el trámite de la licencia.
La legislación contempla mecanismos específicos para exigir el pago de las sanciones. La Ley Nacional de Tránsito prevé, entre otras alternativas, la posibilidad de reclamar una multa por vía ejecutiva cuando no fue abonada en término.
De esta manera, el criterio judicial diferencia dos cuestiones: por un lado, la capacidad del Estado para perseguir el cobro de una sanción firme y, por otro, el derecho del ciudadano a realizar un trámite administrativo relacionado con su habilitación para conducir.
El juez consideró que utilizar la renovación del carnet como mecanismo de presión para obtener el pago de una deuda puede resultar desproporcionado cuando existen vías específicas destinadas a su cobro.
Qué implica el fallo
La decisión de Alonso beneficia concretamente al conductor que presentó el amparo y ordena a los organismos demandados permitir la renovación de su licencia sin exigir previamente la cancelación de las multas cuestionadas.
El pronunciamiento, además, vuelve a poner en debate la compatibilidad entre los sistemas de cobro interjurisdiccional de infracciones y los derechos de quienes necesitan renovar su licencia.
No significa, por sí mismo, que todas las personas del país puedan dejar de pagar las multas y renovar automáticamente sus licencias. Las autoridades continúan aplicando los procedimientos administrativos vigentes y el alcance de una sentencia judicial depende de sus términos y de las circunstancias del caso.
Lo que queda planteado es una discusión jurídica de mayor alcance: si una deuda derivada de una infracción de tránsito puede bloquear el acceso a una licencia cuando el Estado dispone de otros instrumentos legales para reclamar su pago.
El fallo de Paraná se suma así a una línea de antecedentes judiciales que cuestionan la utilización de la licencia de conducir como herramienta de cobro y vuelve a colocar bajo análisis el vínculo entre las infracciones registradas en el CENAT y los requisitos administrativos para renovar el permiso de conducción.
Fuente de contexto oficial: la ANSV informa que el CENAT concentra antecedentes de tránsito provenientes de las jurisdicciones adheridas y que el sistema contempla mecanismos específicos para la gestión de infracciones.
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