La Provincia busca hacerse cargo de los tramos pendientes para completar una obra estratégica del conurbano. El reclamo incluye también otros corredores nacionales y vuelve a poner la infraestructura vial en el centro de la disputa entre Nación y Buenos Aires.
La relación entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración de Javier Milei sumó un nuevo capítulo de tensión a partir de un reclamo por infraestructura vial. La Provincia de Buenos Aires volvió a exigir que la Nación le transfiera la jurisdicción de la Autopista Presidente Perón, con el objetivo de avanzar sobre los sectores que todavía permanecen inconclusos.
El planteo fue impulsado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien llevó el pedido al ámbito nacional. La discusión se produce en un contexto en el que el Gobierno nacional comenzó a avanzar con mecanismos para delegar en las provincias determinadas tareas vinculadas con rutas nacionales.
Desde la administración bonaerense sostienen que, si la Nación no tiene previsto continuar con las obras, la alternativa debería ser transferir la infraestructura a la Provincia para que pueda completar los trabajos y posteriormente encargarse de su mantenimiento y operación.
Una autopista estratégica para el conurbano
La Autopista Presidente Perón fue proyectada como el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires y tiene una extensión total prevista de aproximadamente 83 kilómetros.
Hasta diciembre de 2023 habían quedado habilitados 52 kilómetros. Ese último avance permitió conectar distintos sectores del oeste y sur del conurbano y consolidó una vía que atraviesa 12 municipios y tiene un área de influencia estimada en unos 12 millones de personas.
La finalización de la traza permitiría mejorar la conexión entre los corredores del norte y del sur del Gran Buenos Aires, articulando accesos como el Camino del Buen Ayre, el Acceso Oeste, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y las conexiones hacia la Ruta 2.
La obra también tiene importancia para el transporte de cargas, ya que permitiría reducir recorridos y descongestionar otros corredores metropolitanos. Su desarrollo fue pensado, además, como una herramienta para favorecer la actividad industrial, comercial y logística de distintos municipios bonaerenses.
Qué falta para completar el proyecto
Uno de los principales puntos de discusión está en los 31 kilómetros que todavía no se encuentran plenamente habilitados.
La situación no es uniforme en todo ese recorrido. Según información difundida sobre el estado de la obra, alrededor de 18,5 kilómetros ya cuentan con una parte importante de los trabajos ejecutados, aunque permanecen pendientes tareas complementarias necesarias para su puesta en funcionamiento. Otros 12,5 kilómetros requieren resolver cuestiones vinculadas con la adquisición y expropiación de terrenos necesarios para completar la traza.
La interrupción de los trabajos se produjo a fines de 2023 y desde entonces la discusión política giró alrededor de quién debe asumir los costos y la responsabilidad de concluir el proyecto.
Para el gobierno bonaerense, el problema no se limita a una cuestión de infraestructura. También existe preocupación por las condiciones de seguridad y mantenimiento de sectores que permanecen inconclusos y que, al continuar bajo jurisdicción nacional, limitan la capacidad de intervención directa de la Provincia.
El antecedente de Santa Fe que reavivó la discusión
El reclamo bonaerense volvió a cobrar fuerza luego de que Nación acordara con Santa Fe un esquema para transferir a esa provincia la gestión de la Ruta Nacional A012. Ese acuerdo fue presentado como un antecedente para avanzar en la delegación de determinadas responsabilidades sobre corredores nacionales.
Katopodis utilizó ese escenario para insistir en que Buenos Aires debería acceder a un mecanismo similar con la Autopista Presidente Perón.
La Provincia sostiene que existe una diferencia de criterio por parte de la administración nacional: mientras se habilitan acuerdos con otras jurisdicciones, Buenos Aires continúa esperando una definición sobre el pedido que viene formulando desde hace varios años.
El reclamo también alcanza a otros corredores
La disputa no se limita a la Presidente Perón. La administración bonaerense viene reclamando la transferencia o reactivación de distintas obras nacionales ubicadas en territorio provincial.
Entre ellas aparece la Ruta Nacional 33, un corredor de fuerte importancia productiva para el sudoeste bonaerense y para la conexión con Bahía Blanca. La infraestructura vial nacional se convirtió así en uno de los principales puntos de confrontación entre el gobierno de Kicillof y la gestión de Milei.
En paralelo, la Provincia avanzó durante 2026 con obras sobre rutas bajo su jurisdicción. Por ejemplo, se concretaron trabajos de repavimentación sobre la Ruta Provincial 85, en un corredor utilizado por la actividad agrícola y ganadera del sudoeste bonaerense.
Una disputa que excede a una obra
El conflicto por la Autopista Presidente Perón se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en materia de obra pública.
Para el gobierno bonaerense, completar la autopista permitiría aprovechar una infraestructura que ya tiene una parte considerable construida y evitar que los sectores inconclusos continúen deteriorándose. La Nación, en cambio, mantiene su propia estrategia respecto de la inversión pública, el mantenimiento de rutas y la participación de privados en la infraestructura vial.
La discusión tiene además una dimensión política: Kicillof y Milei mantienen desde el comienzo de la actual administración nacional una relación marcada por fuertes diferencias en materia fiscal, distribución de recursos, seguridad, salud, educación y obra pública.
En ese escenario, la Autopista Presidente Perón volvió a convertirse en un símbolo de esa disputa. Para la Provincia, terminar los kilómetros pendientes representa una inversión estratégica para millones de habitantes del conurbano. Para el Gobierno nacional, la cuestión se vincula con el esquema general de financiamiento y administración de la red vial.
Por ahora, la obra continúa siendo uno de los principales puntos de reclamo de Buenos Aires hacia la Nación. La posibilidad de que la Provincia pueda hacerse cargo de los tramos pendientes dependerá de una eventual transferencia de jurisdicción y de un acuerdo sobre los recursos necesarios para completar los trabajos.
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