La muerte de Alan Molina, un joven agente de 26 años asesinado mientras cumplía funciones en Fuerte Apache, volvió a poner en el centro de la discusión el sistema de asignación de policías bonaerenses. Jefes comunales del interior reclaman que los agentes formados en sus distritos puedan prestar servicio cerca de sus comunidades.
La muerte de Alan Fabián Molina, un policía de 26 años oriundo de Tres Arroyos que fue asesinado mientras realizaba tareas preventivas en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, volvió a abrir una discusión que desde hace tiempo atraviesa a distintos municipios del interior bonaerense: el destino de los agentes que se forman en sus propias ciudades y luego son enviados a prestar servicio a cientos de kilómetros de sus lugares de residencia.
Molina había ingresado recientemente a la Policía Bonaerense y, tras completar su formación, fue destinado a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en el partido de Tres de Febrero. El 18 de julio fue atacado a tiros durante una recorrida preventiva en el complejo habitacional de Ciudadela. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde finalmente murió a causa de las heridas.
El caso generó conmoción en Tres Arroyos, donde Molina fue despedido con honores. Durante la ceremonia participaron autoridades policiales y funcionarios municipales, encabezados por el intendente Pablo Garate. El efectivo fue ascendido post mortem al grado de subteniente por disposición del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Un reclamo que vuelve a escena
A partir de la tragedia, Garate volvió a plantear una demanda que, según se viene señalando desde el distrito, no comenzó con este episodio: que los policías oriundos de Tres Arroyos que completan su formación puedan ser destinados a prestar servicio en su propia ciudad.
El planteo parte de una situación que los municipios del interior consideran contradictoria. Mientras determinadas localidades invierten recursos, infraestructura y esfuerzos para favorecer la formación de nuevos agentes, una vez que estos egresan quedan sujetos a un esquema provincial de asignación de destinos que puede llevarlos a zonas muy alejadas de sus hogares.
En el caso de Tres Arroyos, el reclamo ya había sido llevado al ámbito legislativo municipal. En julio de 2025, concejales del Movimiento Vecinal impulsaron un pedido para que se gestionara ante el Ministerio de Seguridad provincial la reubicación de efectivos oriundos del distrito que prestaban funciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según datos expuestos entonces, ocho policías tresarroyenses se encontraban destinados en el Conurbano.
La distancia entre el lugar de residencia y el destino laboral también aparece como una dificultad adicional para los propios agentes. En el caso de Molina, distintas reconstrucciones periodísticas señalaron que debía trasladarse desde Tres Arroyos hasta el Conurbano para cumplir con sus funciones.
Magdalena también reclama
El debate no quedó limitado a Tres Arroyos. El intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, se sumó al cuestionamiento y puso el foco en el esfuerzo que realizan los municipios para acompañar la formación de aspirantes.
Desde esa mirada, el problema no solamente estaría relacionado con la cantidad de policías disponibles, sino también con la forma en que se distribuyen los recursos humanos de la fuerza. El planteo municipal sostiene que formar jóvenes en localidades del interior para luego enviarlos a otras jurisdicciones genera una pérdida para las comunidades que necesitan reforzar sus propias estructuras de prevención.
Además, esa situación podría tener un efecto sobre futuras convocatorias. Si los aspirantes perciben que completar la formación policial implica necesariamente abandonar su ciudad y trasladarse a zonas distantes, la posibilidad de acceder a una carrera dentro de la fuerza puede resultar menos atractiva para quienes desean desarrollar su actividad laboral cerca de sus familias.
La problemática alcanza a numerosos municipios bonaerenses. En 2025, la Provincia informó la participación de más de un centenar de intendentes en un programa destinado a fortalecer la seguridad y tomó juramento a 1.100 cadetes egresados de la Policía provincial, lo que muestra la magnitud del esquema de formación y distribución de personal que administra la Provincia.
La discusión también llegó a la Legislatura
El debate sumó además una dimensión política. El diputado provincial de La Libertad Avanza y excomisario Maximiliano Bondarenko cuestionó el criterio utilizado para asignar destinos a agentes recién egresados y planteó reparos respecto de la exposición de policías con poca experiencia a territorios caracterizados por altos niveles de conflictividad.
El legislador reclamó una política de seguridad que contemple mayor capacitación, organización y respaldo institucional para los integrantes de la fuerza. Su planteo se incorporó así a una discusión que excede el caso particular de Molina y pone en cuestión cómo se prepara y dónde comienza a trabajar un agente que acaba de terminar su formación.
La discusión cobra especial relevancia cuando se analiza el rol de la Escuela Juan Vucetich y sus sedes descentralizadas. El sistema permite formar aspirantes en diferentes puntos del territorio bonaerense, pero el destino posterior de esos agentes queda determinado por las necesidades y decisiones de la estructura provincial.
Pergamino, otro antecedente
Pergamino constituye otro de los antecedentes mencionados en esta discusión. El intendente Javier Martínez decidió cerrar la Escuela de Policía que funcionaba en el distrito luego de cuestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Provincia.
La sede había sido inaugurada en 2023 con el objetivo de formar aspirantes y fortalecer la seguridad local. El proyecto contemplaba capacitar a 220 personas y había sido presentado como una herramienta para incrementar la presencia policial en Pergamino.
Sin embargo, el municipio sostuvo posteriormente que las camadas formadas no se tradujeron en un refuerzo permanente de efectivos en el distrito. En marzo de 2026 se informó el cierre de la escuela, en medio de fuertes críticas del Ejecutivo local hacia la administración provincial. Según el planteo de Martínez, el municipio había aportado infraestructura, recursos y asistencia logística, mientras que la incorporación de nuevos agentes a la ciudad no se habría concretado en los términos esperados.
Aunque posteriormente se informó el envío de una camada de efectivos a Pergamino, la escuela no volvió a funcionar durante este año, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre el conflicto.
Interior y Conurbano, una tensión que persiste
El caso Molina volvió a poner en evidencia una tensión estructural dentro de la Policía Bonaerense: la necesidad de reforzar la seguridad en el Conurbano convive con los reclamos de municipios del interior que aseguran tener déficit de personal.
Para los intendentes que sostienen esta posición, la discusión no pasa únicamente por incrementar la cantidad total de policías, sino por establecer criterios de distribución que tengan en cuenta el lugar de residencia, la formación recibida, las necesidades de cada distrito y las condiciones de seguridad de los territorios donde los agentes serán destinados.
El planteo también introduce una cuestión vinculada con la vida personal de los efectivos. Destinar a un agente joven a una localidad situada a cientos de kilómetros de su hogar supone, además de los riesgos propios de la actividad, importantes costos de traslado y dificultades para mantener una vida familiar estable.
La muerte de Alan Molina convirtió nuevamente ese reclamo en un tema de debate público. Mientras la Justicia continúa con la investigación del homicidio ocurrido en Fuerte Apache, los intendentes del interior vuelven a reclamar que los policías formados en sus propias comunidades tengan la posibilidad de regresar y trabajar en ellas.
El interrogante que queda planteado es si la Provincia modificará el esquema actual de asignación de destinos para contemplar de manera más directa las necesidades de los municipios del interior y, al mismo tiempo, evitar que jóvenes agentes recién egresados sean enviados a escenarios de alta complejidad sin una trayectoria previa dentro de la fuerza.
Autor
