Los recursos provenientes del impuesto a los combustibles tienen como destino específico el mantenimiento de los caminos nacionales. Sin embargo, desde el inicio de la actual gestión, más de $1,35 billones permanecen sin aplicarse a ese fin, en un contexto de deterioro de la infraestructura vial, aumento de los costos logísticos y cuestionamientos por la prioridad otorgada al equilibrio fiscal.
Caputo recaudó $1,4 billones para las rutas, pero gran parte de esos fondos sigue sin ejecutarse mientras crecen los problemas en la red vial
El estado de las rutas nacionales volvió a instalarse en el centro del debate luego de conocerse que los recursos obtenidos a través del impuesto sobre los combustibles líquidos, cuya finalidad legal es financiar obras y tareas de mantenimiento vial, permanecen en gran medida sin ejecución desde el comienzo de la administración del presidente Javier Milei.
Según los datos difundidos, el monto acumulado sin utilizar supera los $1,35 billones, pese a que la recaudación destinada a infraestructura vial ronda los $1,4 billones. La situación genera preocupación debido al deterioro que presentan numerosos corredores nacionales y al impacto económico que implica para el transporte de cargas y la seguridad vial.
La Ley 23.966 establece que una parte de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos posee una asignación específica destinada a financiar infraestructura vial, mediante fondos orientados al mantenimiento y desarrollo de la red nacional de caminos.
Un sistema vial cada vez más deteriorado
Especialistas del sector sostienen que aproximadamente el 70% de las rutas nacionales presenta un estado regular o malo, una situación que incrementa el riesgo de siniestros viales, acelera el desgaste de vehículos particulares y de transporte pesado y obliga a realizar desvíos o reducir velocidades de circulación.
El deterioro también repercute directamente sobre la economía. Las empresas de logística enfrentan mayores costos de mantenimiento de sus flotas, incrementos en los tiempos de viaje y mayores gastos operativos que finalmente terminan trasladándose al precio de los productos.
La problemática adquiere aún mayor relevancia ante las proyecciones de crecimiento del movimiento de cargas impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país, cuya expansión demanda corredores viales en condiciones para abastecer la actividad petrolera y gasífera.
La prioridad del superávit fiscal
Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, la política económica mantiene como eje central el equilibrio de las cuentas públicas mediante una fuerte contención del gasto.
Sin embargo, el debate se intensificó porque los fondos con destino específico para infraestructura vial no habrían sido volcados a las obras previstas, mientras el Gobierno continúa sosteniendo una política de fuerte ajuste sobre la inversión pública.
Paradójicamente, durante junio el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero superior al billón de pesos, explicado por factores estacionales como el pago de aguinaldos y cambios en la recaudación tributaria, aunque el Gobierno destacó que el primer semestre aún conserva superávit acumulado como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Reclamos por el mantenimiento de las rutas
Diversos sectores vinculados al transporte, la producción agropecuaria y la industria vienen advirtiendo que la falta de inversión sostenida en la red vial nacional podría traducirse en mayores costos para la economía y en un incremento de los accidentes sobre corredores estratégicos.
Mientras tanto, el impuesto sobre los combustibles continúa siendo actualizado mediante decretos oficiales, manteniendo vigente la estructura de recaudación destinada, entre otros objetivos, a infraestructura vial.
El escenario abre una nueva discusión sobre el destino efectivo de los recursos con asignación específica y el equilibrio entre la consolidación fiscal y la necesidad de sostener inversiones consideradas estratégicas para la seguridad vial, la competitividad logística y el desarrollo productivo del país.
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