El deterioro de los caminos rurales bonaerenses expone una problemática que va más allá de la falta de mantenimiento. Mientras los municipios administran la mayor parte de la red vial y recaudan fondos específicos para su conservación, especialistas advierten que la escasa autonomía municipal y la falta de mecanismos transparentes de gestión limitan la capacidad de dar respuestas eficientes, afectando la producción, el desarrollo y la vida cotidiana en el interior de la provincia.
Por Luis Gotte – La Trinchera Bonaerense
La provincia de Buenos Ayres posee una de las redes viales rurales más extensas del país: más de 106.000 km de caminos. De ellos, alrededor de 85.000 km -casi el 80 %- están bajo responsabilidad de los municipios, mientras que unos 25.600 km corresponden a la administración provincial.
Sin embargo, el estado de esa red es preocupante. Según un relevamiento realizado por CARBAP, el 58 % de los caminos rurales presenta un estado entre regular y malo. Para miles de productores, tamberos, transportistas, docentes y vecinos del interior, cada lluvia vuelve a convertir la salida del campo en una verdadera odisea.
La discusión, sin embargo, no pasa únicamente por los recursos disponibles. Según estimaciones de CARBAP, durante 2025 los municipios recaudarán alrededor de $165.000 millones mediante la tasa vial rural de103 municipios. A ello debe agregarse el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, integrado con el 12 % de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, conforme a la Ley provincial 13.010. Se trata de recursos que provienen, en gran medida, del propio sector productivo y cuya aplicación continúa siendo motivo de reclamos por parte de los contribuyentes. Estos fondos son manejados discrecionalmente por los Intendentes, no cumpliendo con sus objetivos de creación.
Ahora, la reforma constitucional de 1994 incorporó el art. 123, que obliga a las provincias a asegurar la autonomía municipal. Sin embargo, Buenos Ayres continúa funcionando bajo un régimen municipal profundamente centralizado, sustentado en normas como la Ley 1810 de 1886, el Dto-Ley 6769 de 1958 y su Constitución Provincial de 1889. Los municipios administran competencias crecientes, pero continúan dependiendo de decisiones provinciales para organizar buena parte de su funcionamiento.
Los caminos rurales reflejan con claridad esa contradicción. Los intendentes son responsables ante los vecinos por el estado de la red vial, pero carecen de herramientas suficientes para definir con plena autonomía la organización, ejecución y control de esos recursos. Esa tensión institucional termina afectando directamente la competitividad del interior bonaerense.
Existen, sin embargo, experiencias que demuestran que otra gestión es posible. Tres Arroyos (Ordenanza 5110/02), administra desde hace casi tres décadas un «Ente Descentralizado Vial» que suele ser citado como uno de los modelos más eficientes de la provincia. En 9 de Julio, la Sociedad Rural impulsó la creación de una «Comisión Vial Rural» con participación de productores y del municipio para administrar los recursos destinados al mantenimiento de los caminos.
Estos casos muestran que la discusión ya no pasa solamente por tapar baches. Se trata de construir instituciones más modernas, transparentes y participativas…pero, en un municipio con autonomía plena sería mucho más fácil.
La autonomía municipal no constituye un reclamo corporativo de los intendentes. Es una condición necesaria para que cada comunidad pueda gestionar con mayor eficiencia los problemas que conoce de primera mano. Sin municipios organizados, el interior seguirá perdiendo competitividad, población y oportunidades.
Porque los caminos rurales no solo unen campos y pueblos. También conectan producción, trabajo y desarrollo. Y sin una autonomía, será muy difícil mantenerlos en condiciones para el futuro.
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