Revocaron el amparo que protegía a beneficiarios de «Volver al Trabajo» y cesarán los pagos en agosto

El tribunal de alzada dio lugar a la apelación del Gobierno nacional y dejó sin efecto la resolución que garantizaba la continuidad del programa social mientras avanzaba la causa judicial

El Gobierno nacional obtuvo un importante respaldo judicial luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba a sostener el programa «Volver al Trabajo», habilitando así la interrupción de los pagos previstos para agosto.

La decisión modifica el fallo emitido meses atrás por el Juzgado Federal de Campana, que había dispuesto mantener vigente el beneficio hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo planteada mediante un amparo.

Al fundamentar su resolución, los jueces señalaron que la cautelar otorgaba de manera anticipada un efecto equivalente al que podría surgir de una eventual sentencia favorable, circunstancia que consideraron improcedente dentro de una medida de carácter preventivo.

Como consecuencia inmediata del fallo, cerca de 900.000 personas dejarán de percibir el ingreso mensual que oscilaba entre 78.000 y 80.000 pesos, beneficio que formaba parte del programa implementado tras la reorganización de los planes sociales realizada por el Ministerio de Capital Humano.

El programa había sido diseñado para promover procesos de capacitación e inserción laboral entre trabajadores de la economía popular, en reemplazo del antiguo Potenciar Trabajo. Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema apunta a fortalecer políticas activas de empleo mediante herramientas diferentes a la asistencia monetaria directa.

Entre las alternativas que impulsa la administración nacional figura un sistema de vouchers para formación profesional, destinado a financiar cursos y entrenamientos laborales a través de instituciones educativas, empresas y centros especializados.

La resolución judicial no pone fin al litigio, ya que el expediente continuará hasta que exista una sentencia definitiva. No obstante, al dejar sin efecto la cautelar, el Estado recupera la posibilidad de aplicar inmediatamente su política respecto del programa y avanzar con el rediseño previsto para la asistencia social.

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