El Ejecutivo bonaerense estableció un marco normativo que regula el uso de la inteligencia artificial en la administración provincial. Antes de incorporar cualquier sistema, será obligatorio cumplir una evaluación técnica y respetar principios de transparencia, ética y protección de derechos.
La incorporación de inteligencia artificial al funcionamiento del Estado bonaerense tendrá, desde ahora, un conjunto de reglas específicas destinadas a garantizar que estas tecnologías sean utilizadas de manera segura y responsable.
Mediante el Decreto 742, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un marco de gobernanza que regula el desarrollo, la contratación y la utilización de herramientas de inteligencia artificial en todos los organismos que integran la administración pública provincial. La medida pretende ordenar un proceso de modernización que ya comenzaba a expandirse dentro del sector estatal y establecer criterios uniformes para su implementación.
El objetivo principal consiste en aprovechar las capacidades de la IA para agilizar trámites, optimizar procesos internos y mejorar la calidad de los servicios que brinda el Estado, sin comprometer la privacidad de las personas ni los derechos fundamentales.
Evaluación previa para cada proyecto
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la normativa establece que toda iniciativa vinculada con inteligencia artificial deberá ser sometida previamente al análisis de la Subsecretaría de Gobierno Digital.
Ese organismo tendrá funciones de auditoría y control, evaluará los posibles riesgos asociados a cada sistema, verificará el cumplimiento de estándares técnicos y definirá criterios para la adquisición de nuevas soluciones tecnológicas.
La intención es evitar implementaciones aisladas o sin controles suficientes que puedan afectar la calidad de las decisiones administrativas o generar problemas de seguridad informática.
Principios rectores
El decreto incorpora once principios que deberán orientar todas las aplicaciones de inteligencia artificial utilizadas por el Estado provincial.
Entre ellos figuran la intervención humana en decisiones relevantes, la transparencia de los algoritmos, la protección de datos personales, la igualdad de trato, la no discriminación, la seguridad de los sistemas, la responsabilidad institucional y el respeto por los derechos humanos.
También se promueve el fortalecimiento de la soberanía tecnológica, impulsando el desarrollo de capacidades propias dentro de la administración pública.
Un escenario de creciente regulación
El debate sobre la inteligencia artificial ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda pública internacional. Organismos multilaterales y distintos gobiernos impulsan regulaciones destinadas a equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los ciudadanos frente a posibles riesgos derivados de decisiones automatizadas.
En la provincia de Buenos Aires, esta normativa busca establecer un marco de previsibilidad para el uso de la IA, definiendo responsabilidades claras y procedimientos comunes para todos los organismos estatales.
La medida alcanza a toda la administración pública provincial, incluidos organismos descentralizados y entidades autárquicas, mientras que los municipios fueron invitados a adherir voluntariamente al esquema regulatorio y adoptar estándares similares en sus respectivas administraciones.
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