La exsenadora neuquina fue nombrada mediante decreto en medio de cuestionamientos por un presunto acuerdo político vinculado a su voto favorable a la Ley Bases.
El Gobierno nacional oficializó la designación de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá, en una decisión que vuelve a encender la polémica en torno a su respaldo a la Ley Bases y las sospechas de un posible intercambio político por el cargo diplomático.
La medida fue formalizada a través del Decreto 304/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al canciller Pablo Quirno. La designación llega luego de meses de cuestionamientos desde sectores opositores, que vinculan directamente el ascenso diplomático de la dirigente con su voto favorable al proyecto oficialista en el Senado.
Crexell, quien representó a Neuquén durante 12 años en la Cámara alta, había quedado en el centro de la escena política en 2024, cuando surgieron versiones sobre una posible negociación con el Ejecutivo para ocupar un cargo internacional. En aquel momento, el Gobierno evaluaba nombrarla como representante ante la Unesco, en simultáneo con el tratamiento legislativo de la Ley Bases, lo que generó fuertes críticas y finalmente derivó en la suspensión de esa designación.
Con el paso del tiempo y tras la aprobación del paquete legislativo impulsado por el oficialismo, la exsenadora volvió a ser propuesta, esta vez para encabezar la embajada argentina en Canadá. El contexto no modificó las sospechas: distintos sectores políticos insisten en que su acompañamiento a la norma fue clave y que el nombramiento sería una consecuencia directa de esa decisión.
La controversia también tuvo derivaciones judiciales. En junio de 2024, el abogado Federico Paruolo presentó una denuncia por presunto cohecho, en una causa que quedó a cargo del juez Ariel Lijo. La acusación se basó en la hipótesis de que la entonces legisladora habría recibido o aceptado beneficios a cambio de su voto, un delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal.
Frente a estas imputaciones, Crexell negó en reiteradas ocasiones haber condicionado su decisión legislativa a un eventual cargo diplomático. Sostuvo que su vínculo con organismos internacionales y su formación en temas de política exterior justificaban su perfil para funciones en el ámbito internacional. Además, explicó que las conversaciones sobre posibles destinos en el exterior eran previas al debate de la Ley Bases y no guardaban relación con su postura parlamentaria.
Durante ese período, también mencionó su cercanía política con Patricia Bullrich, con quien había explorado oportunidades en organismos internacionales tras el proceso electoral de 2023. Según su versión, los ofrecimientos surgieron en ese marco y no como consecuencia de su actuación en el Senado.
A pesar de sus explicaciones, la designación reavivó el debate público sobre la transparencia en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Para la oposición, el caso representa un ejemplo de posibles acuerdos políticos opacos en el tratamiento de leyes clave. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que se trata de una designación legítima basada en la trayectoria y experiencia de la exsenadora.
Abogada y licenciada en Relaciones Públicas, Crexell cuenta con formación académica orientada a la agenda internacional y al desarrollo sostenible. A lo largo de su carrera parlamentaria, participó en espacios de diplomacia legislativa y organismos multilaterales, lo que constituye uno de los principales argumentos del Gobierno para respaldar su nombramiento.
Sin embargo, el eje de la discusión continúa centrado en el mismo punto: el vínculo entre su apoyo a la Ley Bases y su llegada a la embajada en Canadá, una relación que sigue generando cuestionamientos políticos, judiciales y mediáticos.
Autor
