El Gobierno formalizó las condiciones para concesionar el servicio de agua y cloacas, con participación mayoritaria de un operador privado y nuevas reglas para el sector.
El proceso de transformación de AySA sumó un nuevo capítulo tras la oficialización del contrato que regulará su futura concesión. La resolución, impulsada por el Ministerio de Economía, establece las bases legales y operativas para la incorporación de un socio privado con control mayoritario.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración nacional para reducir la participación estatal en empresas públicas. En este caso, la normativa prevé que más de la mitad del capital accionario sea transferido a un operador estratégico, seleccionado mediante un proceso licitatorio abierto tanto a nivel local como internacional.
El diseño del esquema combina la entrada de capital privado con la posibilidad de que una porción minoritaria de acciones sea ofrecida en los mercados bursátiles. Esta ingeniería financiera apunta a incrementar el atractivo de la compañía y facilitar su valorización.
Aunque se mantendrá el modelo de concesión, el nuevo contrato introduce cambios significativos en la regulación del servicio. Entre ellos, se destacan nuevas facultades para el concesionario y un marco más detallado en cuanto a obligaciones, inversiones y estándares de calidad.
Uno de los ejes centrales es la implementación del Plan de Acción de Transición 2024-2026, que establece lineamientos para el corto plazo y servirá como base para el esquema tarifario que regirá entre 2027 y 2031. Este enfoque busca alinear las tarifas con las necesidades de inversión en infraestructura.
Desde el Gobierno aseguran que la transición se llevará adelante sin afectar la prestación del servicio, considerado esencial para millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Asimismo, se enfatizó que el proceso se desarrollará bajo principios de competencia y transparencia.
El rediseño normativo previo, que incluyó modificaciones en las condiciones de prestación y en el rol del concesionario, es interpretado por especialistas como una preparación para la llegada de capital privado. En este contexto, el mercado estará atento a dos factores clave: la rentabilidad potencial del negocio y las obligaciones que deberá asumir el futuro operador.
Con la aprobación del contrato, se abre ahora una etapa determinante: la búsqueda de inversores interesados en asumir el control de la empresa. El resultado de esa convocatoria será decisivo para definir el rumbo del servicio de agua y saneamiento en los próximos años.
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