El Gobierno pidió extender el mandato de Víctor Pesino apenas un día después de una resolución judicial que benefició al oficialismo. La oposición denuncia un intento de influir en la Justicia.
En un contexto de alta tensión política e institucional, el Ejecutivo nacional avanzó con un pedido que rápidamente encendió alarmas en distintos sectores. A menos de 24 horas de que la Justicia dejara sin efecto la nulidad de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, el presidente Javier Milei solicitó formalmente al Senado la renovación del mandato del juez Víctor Pesino por un período adicional de cinco años.
La decisión no pasó desapercibida. Pesino es uno de los magistrados que se pronunció a favor de los cambios en la legislación laboral, una iniciativa central dentro del paquete de reformas económicas promovidas por el Gobierno. Su posible continuidad en el cargo, en este contexto, fue interpretada por sectores opositores como un gesto político que busca consolidar respaldo judicial a medidas oficiales.
Referentes de la oposición, junto a dirigentes sindicales y organizaciones laborales, expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa. Desde esos espacios sostienen que la medida podría afectar la independencia judicial y la división de poderes, al considerar que se premia a magistrados que fallan en línea con los intereses del Ejecutivo.
El episodio se suma a un escenario ya cargado por el debate en torno a la reforma laboral, que ha generado múltiples presentaciones judiciales desde su anuncio. La normativa, que apunta a flexibilizar ciertas condiciones de contratación y reducir costos para empleadores, es defendida por el Gobierno como una herramienta para fomentar el empleo formal y dinamizar la economía. Sin embargo, críticos advierten sobre una posible pérdida de derechos para los trabajadores.
Especialistas en derecho constitucional consultados por distintos medios coinciden en que el proceso de designación o renovación de jueces debe respetar criterios de transparencia e idoneidad, evitando cualquier señal que pueda interpretarse como injerencia política. En ese sentido, remarcan que el Senado tiene un rol clave como órgano de control y deberá evaluar el pliego en un clima de fuerte escrutinio público.
Mientras tanto, en el Congreso ya se anticipa un debate intenso. Legisladores de distintos bloques adelantaron que pedirán explicaciones sobre la oportunidad y los fundamentos del pedido presidencial, en medio de una controversia que podría escalar tanto en el plano institucional como en la opinión pública.
El desenlace de esta situación será observado de cerca, no solo por su impacto inmediato en la composición del Poder Judicial, sino también por lo que pueda implicar en la relación entre el Gobierno y la Justicia en un momento decisivo para el rumbo de las reformas estructurales en Argentina.
Autor
