Organizaciones sociales y referentes legales cuestionan la legalidad del proceso impulsado por el Gobierno porteño y reclaman su suspensión inmediata antes de la apertura de ofertas.
La licitación para concesionar la operación de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo judicial. Diversas organizaciones presentaron un recurso de amparo con el objetivo de detener el proceso, al considerar que vulnera normas constitucionales y legales vigentes en el distrito.
La acción fue promovida por el abogado Jonathan Baldivieso, representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. En la presentación judicial se solicita que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de la resolución oficial que habilitó el llamado a licitación, así como de los pliegos correspondientes.
El proceso en cuestión fue puesto en marcha por la administración de Jorge Macri a través de la resolución 7/26, publicada en el Boletín Oficial en marzo. La iniciativa contempla la concesión del gerenciamiento de tres medios estatales: Radio de la Ciudad (AM 1110), La 2×4 (FM 92.7) y el Canal de la Ciudad. El esquema prevé un contrato por cinco años con un canon total estimado en más de 718 millones de pesos.
Aunque la apertura de sobres estaba prevista inicialmente para el 20 de abril, fue reprogramada para el 12 de mayo con el objetivo de ampliar la participación de oferentes. Frente a la proximidad de esa fecha, los demandantes solicitaron al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°16 la adopción urgente de una medida precautelar que suspenda el proceso licitatorio hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
El eje central del planteo radica en el presunto incumplimiento de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Según argumenta Baldivieso, el artículo 47 establece que los medios públicos deben estar administrados por un ente autárquico con participación social, algo que —según los denunciantes— nunca fue implementado desde la sanción de la Carta Magna local.
En ese sentido, sostienen que la falta de este organismo permitió que los medios funcionen bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo, lo que habilitaría decisiones discrecionales. Desde esta perspectiva, la concesión sería interpretada como una forma indirecta de privatización.
Además, el amparo señala posibles irregularidades en relación con la Ley 123 y otros artículos constitucionales que exigen instancias de participación ciudadana, como audiencias públicas, en casos que involucren bienes de valor cultural o patrimonial.
Desde el Ejecutivo porteño defienden la medida como una estrategia para optimizar recursos y mejorar la calidad de los contenidos. El propio Jorge Macri argumentó que el Estado no debería destinar fondos a actividades que podrían ser gestionadas por el القطاع privado sin costo para los contribuyentes, subrayando que los medios seguirán siendo de propiedad estatal.
Sin embargo, los sectores críticos sostienen que detrás de esta decisión hay un cambio de modelo en la gestión de la comunicación pública y advierten sobre sus posibles consecuencias en términos de pluralidad informativa.
La iniciativa también generó repercusiones en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se presentaron distintos proyectos vinculados al futuro de los medios públicos. La legisladora Graciana Peñafort propuso la creación de un sistema público de medios administrado por un ente autárquico, en línea con lo establecido por la Constitución local.
En paralelo, la trabajadora radial Liliana Galguera impulsó una iniciativa similar, mientras que Graciela Ocaña solicitó informes al Ejecutivo sobre el impacto de la concesión en los trabajadores. Actualmente, cerca de 500 personas se desempeñan en los tres medios involucrados, y el pliego licitatorio no establece la obligación de mantener esa planta laboral.
Este punto genera una de las mayores incertidumbres, ya que el documento oficial aclara que el personal no tendrá vínculo laboral con el Gobierno de la Ciudad en caso de avanzar la concesión.
Con la fecha de apertura de ofertas cada vez más próxima y el amparo ya en manos de la Justicia, el futuro de los medios públicos porteños se encuentra en un escenario abierto. La resolución judicial sobre la medida cautelar será clave para determinar si el proceso continúa su curso o queda momentáneamente suspendido.
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