El Gobierno nacional apelará la decisión que ordena sostener el programa Volver al Trabajo. Aseguran que ya estaba vencido y defienden su reemplazo por un nuevo esquema de capacitación.
La continuidad de los programas sociales volvió al centro de la escena tras la resolución judicial que obliga al Estado a retomar los pagos del plan Volver al Trabajo, una política que alcanzaba a cientos de miles de personas. Frente a este escenario, el Gobierno nacional anunció que recurrirá el fallo para intentar revertirlo.
La medida fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a un planteo presentado por un grupo de beneficiarios. A través de una cautelar, el tribunal ordenó garantizar la continuidad del ingreso económico hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron con dureza la decisión. Según explicaron, el programa había concluido tras cumplir el período de vigencia previsto desde su implementación, por lo que consideran que no corresponde su reactivación.
En esa línea, destacaron que el cierre del plan no implicó el abandono de los beneficiarios, sino su incorporación a una nueva política pública. Se trata de un sistema basado en vouchers para capacitación laboral, que apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad mediante cursos y formación técnica.
El organismo también puso el foco en el alcance de la resolución judicial. Si bien la presentación fue realizada por cinco personas, la medida impacta sobre una población cercana a las 900 mil, lo que —según indicaron— genera distorsiones en la ejecución de políticas sociales.
Analistas del ámbito económico señalan que este tipo de decisiones puede alterar la programación presupuestaria del Estado, especialmente en un contexto de ajuste fiscal. La necesidad de reasignar partidas para cumplir con la cautelar podría afectar otras iniciativas en marcha.
De hecho, desde el propio Ministerio advirtieron que la implementación del fallo pondría en riesgo proyectos considerados estratégicos. Entre ellos, mencionaron el desarrollo del sistema de formación laboral y la extensión de la jornada escolar en sectores vulnerables, dos ejes centrales de la política social actual.
El programa Volver al Trabajo había sido concebido como una herramienta de transición para promover la inserción laboral de personas que recibían asistencia estatal. Su eventual continuidad, sin embargo, reabre interrogantes sobre la efectividad de estos esquemas y la necesidad de reformularlos.
El desenlace del caso dependerá ahora de la instancia de apelación, en un escenario donde se cruzan cuestiones legales, económicas y sociales. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la asistencia estatal y las políticas de empleo sigue sumando capítulos en la agenda pública.
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