La Justicia federal avanza sobre un entramado que involucra a funcionarios, empresas privadas y varios municipios bonaerenses. Apuntan a maniobras para evitar licitaciones y desviar fondos millonarios.
La investigación judicial sobre el sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires tomó un nuevo impulso en los tribunales de Comodoro Py, donde se analiza un presunto circuito de corrupción, coimas y lavado de dinero vinculado a la recaudación de infracciones de tránsito. El expediente está a cargo de la jueza María Servini, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el flujo de fondos y determinar responsabilidades.
Según surge de la denuncia que dio origen a la causa, el esquema habría operado mediante la implementación de convenios entre municipios y empresas privadas, evitando procesos de licitación pública. De esta manera, se habría garantizado la adjudicación directa de contratos vinculados a la instalación y gestión de sistemas de control vehicular automatizado.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación radica en la distribución de los ingresos generados por las multas. De acuerdo con la presentación judicial, hasta un 70% de lo recaudado habría sido derivado a firmas privadas, en detrimento de las arcas municipales. Este mecanismo, siempre según la denuncia, no solo implicaría una posible administración irregular de fondos públicos, sino también la existencia de retornos ilegales.
Entre las jurisdicciones mencionadas figuran distritos de peso en el conurbano y el interior bonaerense, como La Matanza, San Isidro y General Pueyrredón. En ese contexto, la Justicia busca determinar el grado de participación de las autoridades locales y el rol de los organismos provinciales en la habilitación de estos sistemas.
La causa también involucra al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, señalado en la denuncia como una de las figuras clave dentro del presunto entramado. Si bien no hay imputaciones firmes al momento, los investigadores analizan documentación, contratos y movimientos financieros que podrían comprometer a distintos niveles de la administración pública.
Fuentes judiciales indicaron que uno de los ejes centrales del expediente es seguir la denominada “ruta del dinero”, con el objetivo de identificar posibles maniobras de lavado a través de empresas intermediarias. En ese sentido, no se descarta la intervención de organismos especializados en delitos económicos y financieros.
El caso cobra especial relevancia debido al volumen de recursos que genera el sistema de fotomultas, una herramienta que en los últimos años se expandió en numerosos municipios como parte de políticas de control vial. Sin embargo, la falta de transparencia en su implementación ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por distintos sectores.
La investigación, que había sido anticipada públicamente en 2024, se encuentra ahora en una etapa clave, con medidas de prueba en curso y la posibilidad de nuevas citaciones. En paralelo, crece la expectativa por la identificación de los responsables y el eventual impacto político que podría derivarse del avance de la causa.
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