El gobernador bonaerense advirtió sobre los riesgos de avalar reclamos internacionales contra el país y reivindicó el proceso de recuperación de la petrolera como una decisión estratégica para la economía nacional.
En medio de la repercusión generada por el reciente fallo de la justicia estadounidense en torno a la expropiación de YPF, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en La Plata donde analizó el escenario judicial y político, al tiempo que cuestionó con dureza la postura del presidente Javier Milei.
Durante su exposición, el mandatario provincial sostuvo que el fallo fue inesperado y llamó a la cautela, remarcando que el proceso judicial aún no está cerrado. En ese contexto, expresó preocupación por lo que interpretó como un posicionamiento del Gobierno nacional cercano a los intereses de los demandantes. Según planteó, respaldar esas posiciones podría resultar perjudicial para los intereses del país.
Kicillof aprovechó la ocasión para repasar los fundamentos de la estatización de YPF en 2012, impulsada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y defendió aquella decisión como clave para revertir el deterioro del sector energético. De acuerdo con su análisis, previo a la recuperación estatal, la gestión privada —en manos de Repsol— había derivado en una fuerte caída de la producción de hidrocarburos y en un creciente déficit energético.
El gobernador detalló que, hacia ese entonces, la Argentina enfrentaba pérdidas millonarias por la importación de energía, lo que impactaba de manera negativa en la balanza comercial. En contraste, señaló que tras la intervención estatal se registró una recuperación progresiva de la producción y un incremento sostenido de las inversiones en el sector.
En su repaso histórico, también destacó el desarrollo de Vaca Muerta como uno de los hitos más relevantes del período posterior a la expropiación. Según explicó, la aplicación de nuevas tecnologías y la articulación con კომპანი́as internacionales como Chevron y Petronas permitieron potenciar la producción de hidrocarburos no convencionales.
Kicillof subrayó que, desde 2012, la inversión en el sector energético creció significativamente y evitó un escenario de escasez de recursos. En ese sentido, aseguró que mantener la empresa bajo control estatal fue determinante para garantizar el abastecimiento interno y sostener la actividad económica.
Asimismo, recordó que la expropiación contó con un amplio respaldo en el Congreso Nacional y aclaró que la medida no implicó la eliminación de la participación privada, sino la toma del control accionario mayoritario por parte del Estado. Esta estructura mixta, explicó, fue uno de los elementos que derivaron en litigios en tribunales internacionales.
En relación con la causa judicial, el gobernador mencionó el rol del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio tras la quiebra del grupo Eskenazi. Según indicó, el eje de la disputa gira en torno a la interpretación del estatuto de la empresa frente a la legislación argentina vigente al momento de la expropiación.
Kicillof también hizo referencia a las estrategias adoptadas por distintas gestiones nacionales frente al litigio, señalando diferencias entre las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández en la forma de encarar la defensa del país en los tribunales internacionales.
Finalmente, el mandatario provincial vinculó la política energética con el impacto en la vida cotidiana de la población, al advertir sobre el costo de los combustibles y la necesidad de contar con herramientas estatales que permitan amortiguar los efectos en el bolsillo de la ciudadanía. En ese marco, insistió en que YPF cumple un rol central como instrumento de regulación y desarrollo económico.
La controversia por el fallo internacional reavivó el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y dejó expuestas las diferencias de enfoque entre el gobierno nacional y la administración bonaerense respecto al futuro de la política energética argentina.
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