La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad suma imputados y podría escalar en los próximos días. La investigación incluye maniobras con sobreprecios, licitaciones direccionadas y posibles sobornos.
La investigación judicial por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con el pedido de indagatoria para 29 personas, entre ellas exfuncionarios y empresarios vinculados al sector de insumos médicos. La solicitud fue impulsada por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes buscan profundizar el expediente con nuevas declaraciones y medidas de prueba.
Entre los principales apuntados figura el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya había sido procesado en una instancia previa por decisión del juez Sebastián Casanello. La nueva ofensiva judicial también alcanza a Miguel Ángel Calvete —actualmente detenido en el marco de otra causa— y a un grupo de empresarios sospechados de integrar un entramado destinado a obtener beneficios indebidos en contrataciones públicas.
Sospechas sobre compras y licitaciones
El eje de la causa gira en torno a presuntas maniobras irregulares en la adquisición de equipamiento médico, como sillas de ruedas y audífonos. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, se habrían inflado precios de manera sistemática y confeccionado pliegos de licitación con requisitos específicos para favorecer a determinadas empresas.
Los fiscales sostienen que existió un esquema de colusión empresarial que limitó la competencia en los procesos licitatorios, acompañado por posibles pagos de sobornos para garantizar adjudicaciones millonarias. Este tipo de prácticas, según especialistas en administración pública, suele generar un fuerte perjuicio económico al Estado y compromete la transparencia en la gestión de recursos destinados a sectores vulnerables.
Pruebas, audios y vínculos bajo análisis
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la existencia de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se haría referencia a supuestos pagos ilegales. Esos registros deberán ser sometidos a peritajes técnicos para determinar su autenticidad y contenido. En ese contexto, algunas presentaciones judiciales mencionaron posibles vínculos con figuras del entorno político nacional, lo que podría ampliar el alcance del caso.
Meses atrás, resoluciones judiciales ya habían dado por acreditada la presencia de una estructura organizada dentro del organismo, orientada a defraudar al Estado mediante la utilización de empresas pantalla y mecanismos de facturación irregular.
Empresarios procesados y hallazgos clave
La causa también involucra a directivos de la droguería Suizo Argentina, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, además de Sebastián Nuner Uner, conocido como “el Helvético”. Sobre ellos pesan procesamientos vinculados a su presunta participación en las maniobras investigadas.
Durante los allanamientos realizados en etapas previas, la Justicia reunió elementos considerados relevantes para la causa. En un operativo llevado a cabo en la zona de Nordelta, se incautaron más de 200.000 dólares en efectivo que se encontraban ocultos en sobres. Asimismo, uno de los implicados entregó un teléfono celular que había sido restaurado a valores de fábrica, lo que despertó sospechas sobre la posible eliminación de información clave.
Definiciones judiciales pendientes
El expediente se encuentra actualmente bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien actúa como subrogante y deberá definir si hace lugar al pedido de nuevas indagatorias formulado por el Ministerio Público Fiscal. Su decisión será determinante para el avance del caso y podría derivar en nuevas imputaciones o profundización de responsabilidades.
Mientras tanto, la causa continúa sumando elementos y se posiciona como una de las investigaciones más relevantes en materia de presunta corrupción en el manejo de fondos públicos destinados a políticas sociales. El desarrollo de las próximas semanas será clave para establecer el alcance real de las maniobras denunciadas y el grado de responsabilidad de los involucrados.
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