La nueva Ley de Inocencia Fiscal impacta en causas por evasión y favorece a Lázaro Báez y su entorno

La actualización de los montos punibles en delitos tributarios derivó en sobreseimientos parciales en una causa vinculada a Austral Construcciones. La defensa argumentó que las cifras investigadas quedaron por debajo de los nuevos umbrales establecidos por la normativa.

La reciente entrada en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal comienza a mostrar efectos concretos en expedientes judiciales por delitos tributarios. Uno de los casos más resonantes es el que involucra al empresario Lázaro Báez, sus hijos y un grupo de allegados, quienes obtuvieron un sobreseimiento parcial en una investigación por presunta evasión vinculada a la firma Austral Construcciones.

La modificación legal introdujo un cambio sustancial en los parámetros que determinan cuándo una evasión es considerada delito. En ese sentido, el nuevo marco normativo elevó el piso de la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, mientras que en los casos de evasión agravada el umbral pasó de $15 millones a $1000 millones. Esta actualización responde a un criterio de adecuación frente al proceso inflacionario y a la necesidad de redefinir la persecución penal en materia fiscal.

A partir de estos cambios, la defensa del empresario presentó planteos ante la Justicia sosteniendo que los montos investigados en la causa no alcanzan los nuevos límites establecidos por la ley. Bajo este argumento, se solicitó el sobreseimiento de los imputados en aquellos tramos donde las cifras quedaron por debajo del mínimo requerido para configurar delito.

El tribunal interviniente hizo lugar parcialmente a estos pedidos, lo que implicó un alivio procesal para Báez, sus hijos y otras 11 personas vinculadas al expediente. Sin embargo, la resolución no implica el cierre total de la causa, ya que podrían subsistir otros aspectos en análisis o montos que superen los nuevos parámetros legales.

Especialistas en derecho tributario señalan que este tipo de situaciones era previsible tras la reforma, dado que la actualización de los montos genera automáticamente un efecto retroactivo en favor de los imputados, tal como lo establece el principio de ley penal más benigna. Esto significa que, ante un cambio normativo, debe aplicarse la legislación que resulte más favorable al acusado, incluso en procesos en curso.

El impacto de la ley no se limita a este caso puntual. Distintos expedientes en todo el país podrían verse alcanzados por el mismo criterio, lo que abre un debate sobre el alcance de la reforma y sus consecuencias en la lucha contra la evasión fiscal.

Mientras tanto, el caso de Austral Construcciones vuelve a ubicarse en el centro de la escena judicial, ahora atravesado por un nuevo contexto legal que redefine los límites de la responsabilidad penal en materia impositiva.

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