El máximo tribunal convocó por primera vez a una audiencia formal entre el gobierno bonaerense y el Estado nacional en el marco de una millonaria demanda impulsada por Axel Kicillof. El reclamo supera el billón y medio de pesos y apunta a deudas vinculadas al financiamiento del sistema jubilatorio provincial.
En un escenario de creciente tensión entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno encabezado por Javier Milei, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso significativo al convocar a ambas partes a una audiencia oficial. Se trata de la primera instancia de este tipo en el marco de una de las siete demandas que la provincia de Buenos Aires inició contra la Nación en los últimos meses.
El eje del conflicto es un reclamo por aproximadamente 1,6 billones de pesos —sin actualización— que la administración bonaerense asegura que el Estado nacional adeuda en concepto de transferencias vinculadas al sistema previsional. Puntualmente, se trata de fondos que deberían haber sido girados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para compensar el déficit de las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la órbita nacional.
La demanda fue presentada en abril de 2024 y se sustenta en el incumplimiento de lo establecido en la Ley 27.701, normativa que reconoce la obligación del Estado nacional de asistir financieramente a aquellas jurisdicciones que mantienen sus propios sistemas previsionales. Desde la provincia sostienen que la falta de actualización de esos envíos profundizó el desequilibrio en las cuentas públicas bonaerenses.
El planteo judicial no solo abarca montos recientes, sino también diferencias acumuladas de años anteriores. En ese sentido, el gobierno de Kicillof incluyó en su presentación la actualización de anticipos correspondientes a 2023, partidas previstas para 2024 y ajustes pendientes. A ello se suman reclamos por desfasajes entre el déficit real de la caja previsional y los montos efectivamente transferidos —sin actualización— durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Desde la administración provincial valoraron la decisión del máximo tribunal, destacando que la convocatoria abre una instancia institucional que, hasta ahora, no existía. Según indicaron fuentes oficiales, no había canales de diálogo activos con el gobierno nacional para abordar este tema, lo que motivó la judicialización del conflicto.
La audiencia convocada por la Corte podría marcar un punto de inflexión en la disputa, ya que habilita un espacio formal de negociación entre ambas jurisdicciones. En un contexto de ajuste fiscal y redefinición del vínculo entre Nación y provincias, el resultado de este proceso será observado de cerca no solo por Buenos Aires, sino también por otras provincias que atraviesan situaciones similares con sus sistemas previsionales.
El caso, además, se inscribe en una serie de litigios más amplios que reflejan tensiones estructurales sobre la distribución de recursos y las responsabilidades fiscales dentro del esquema federal argentino. La resolución de este conflicto podría sentar precedentes relevantes para futuras discusiones sobre financiamiento previsional y autonomía provincial.
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